La próxima ley de Vivienda es el último gran caballo de batalla en la coalición de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Las conversaciones al respecto están en punto muerto hasta que concluyan las elecciones catalanas (para no perjudicar al exministro Salvador Illa), pero el debate continúa. Ahora mismo, hay un punto claro a discutir según el partido de Pablo Iglesias: la definición de gran propietario.

Según los decretos-leyes que se vienen aprobando en materia de vivienda desde que empezó la pandemia, el gran propietario es la persona física o jurídica que posee 10 o más inmuebles urbanos (no cuentan garajes y trasteros) o bien una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. Sin embargo, en Podemos quieren darle una vuelta a este concepto.

Según informa Cinco Días, la formación morada planteará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que los grandes tenedores pasen a ser personas físicas o jurídicas con cinco o más inmuebles a su cargo. Si la propuesta de Podemos sale adelante, se reducirían a la mitad las condiciones para ser un gran propietario en materia de vivienda.

Estipular con claridad quiénes lo son es uno de los compromisos a los que llegaron las dos formaciones presentes en el Ejecutivo en su acuerdo de investidura. El objetivo que se busca con ello es movilizar inmuebles desocupados hacia el mercado del arrendamiento asequible.

Con el cambio propuesto por Podemos, se estimularían esas medidas para que la vivienda vacía de los grandes tenedores quedé a disposición de la Administración a unos precios razonables. La modificación también tendría influencia en las moratorias en el pago del alquiler y el blindaje, a nivel judicial, a los okupas vulnerables.

Además, el partido de Pablo Iglesias también quiere que el 30% de la cartera de los grandes propietarios se destine al alquiler social: si así fuera, pasaría a haber 140.000-150.000 inmuebles más en el parque de vivienda asequible.

Ahora mismo, el 4% de los propietarios españoles de viviendas tendría tres o más viviendas, según Fotocasa. Eso sí, hablando de personas físicas (las jurídicas tienen más inmuebles en propiedad). Según los últimos decretos del Gobierno en materia de vivienda, habría un 85% de alquileres a cargo de personas físicas y un 15% en los que el titular sería una persona jurídica.

Las aspiraciones de Podemos en cuanto a los grandes tenedores podrían encontrarse con escollos. Al menos, es lo que ha ocurrido en el caso de Cataluña, ya que su último decreto de vivienda ha sido tumbado en parte por el Tribunal Constitucional: se vulnera el derecho a la propiedad, no puede perjudicarse en lo económico a los grandes propietarios de vivienda sin compensación de por medio, no hay obligación de ofrecer un alquiler social a los okupas vulnerables...

Aunque no tendría por qué ocurrir lo mismo a nivel estatal, es un aviso de cara a los planes de Podemos con respecto a la futura ley de Vivienda. Los mecanismos para limitar el alquiler y la posibilidad de prohibir los desahucios a vulnerables también están encima de la mesa. No obstante, es la definición de gran tenedor la que parece destinada a marcar buena parte del texto.