El macrojuicio contra los 25 acusados en el caso Plaza, la mayor causa contra la corrupción llevada a cabo en Aragón, comenzará mañana con la exposición de las cuestiones previas planteadas por acusaciones y defensas, y los acuerdos alcanzados por la Fiscalía Anticorrupción con muchos de los imputados.

Unos acuerdos que podrían modificar de forma sustancial el desarrollo del macroproceso y que permitiría a una amplia parte de los encausados eludir su posible ingreso en prisión, debido a la reducción de penas pactadas con la Fiscalía.

La decisión de Acciona, implicada en la causa como responsable civil subsidiaria en el pago de las indemnizaciones, de pagar inicialmente 60 millones de euros, ha hecho que tanto las acusaciones en nombre del Gobierno aragonés como de la sociedad pública Plaza se hayan sumado a los acuerdos alcanzados por Anticorrupción.

En el banquillo se sentarán 25 personas acusadas de diez delitos económicos (blanqueo, prevaricación y fraude, entre otros) que se enfrentan a largas condenas de prisión que suman casi dos siglos y al pago de 149 millones de euros por una presunta malversación de dinero público en el desarrollo urbanístico de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza).

Prevaricación, fraude y exacción ilegal, cohecho, malversación, falsedad documental, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes con los delitos de los que deberán responder.

Entre los acusados figuran Ricardo García Becerril, exgerente de Plaza, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 23 años de prisión, José María Jordán, ejecutivo de Acciona, Nicolás Adrianus Groeneveld, para los que solicita más de 10 años, el exviceconsejero socialista de Obras Públicas Carlos Esco, más de 7, y el expresidente del Real Zaragoza Agapito Iglesias, más de 5 años.

Las acusaciones entienden que los acusados fraguaron una sobrefacturación de más de 150 millones de euros en los trabajos de urbanización de Plaza por lo que pide como responsabilidad civil 140,6 millones para los acusados García Becerril, Miguel Ángel Pérez, Jordán, Miguel Á. Bretón, Groeneveld, José Luis Rodríguez Cachafeiro, José Luis Bellido Núñez y Alejandro Viñuelas.

Unas cantidades de cuyo pago se ha hecho responsables civiles subsidiarios a Acciona Infraestructuras, Mariano López Navarro e Intecsa-Inarsa, empresas que, según el juez, recibieron el beneficio de la sobrefacturación y a cuyos trabajadores se les acusa de cometer el delito de malversación de caudales públicos.

La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de calificaciones, ha solicitado para los 25 acusados penas que suman hasta un total de 190 años de cárcel, 42 de ellos para el principal imputado, García Becerril, por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.

El caso se articuló sobre una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito de acusación considera la existencia de un plan urdido en 2002 por los principales responsables de ejecutar las obras de la plataforma para obtener beneficios ilícitos.

El fiscal estima que se produjeron adjudicaciones fraudulentas de contratos a la UTE Acciona-Mariano López Navarro y a Intecsa-Inarsa, sobrefacturación de los trabajos ejecutados mediante el aumento de los precios y certificaciones ficticias y facturaciones falsas.

Estima que se produjo un desvío total en perjuicio de Plaza por valor de 147,3 millones de euros, 43,1 en la primera fase de los trabajos y 104,2 en la segunda.