El Centro Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha asegurado que el Ministerio del Interior ha asumido su propuesta para endurecer las sanciones a presos conflictivos, si bien ha rechazado de entrada las pistolas eléctricas como elemento disuasorio, aunque invita a este sindicato a llevar una propuesta al Congreso.

Así lo ha anunciado el presidente de CSIF, Adolfo Fernández, en una rueda de prensa en la que ha explicado que, mediante un escrito remitido al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, pedían a Interior endurecer las sanciones "con el fin de reducir las situaciones de violencia e inseguridad que viven los empleados públicos que trabajan en prisiones".

En respuesta a esta carta, Ángel Luis Ortiz asegura en otro escrito que "comparte la inquietud en que el catálogo de faltas y sanciones en el ámbito penitenciario debería estar recogido legalmente y no con rango reglamentario". "Además, es evidente que algunas de las infracciones se encuentran obsoletas y requieren de una actualización", apostilla el secretario de Instituciones Penitenciarias.

En este sentido, CSIF celebra esta respuesta de Interior para "elevar a rango de Ley las sanciones que, de entrada, conllevaría un debate en el Congreso".

Desde el sindicato, explican que la primera medida pasaría por el desarrollo del Protocolo Específico de Actuación frente a las Agresiones en Centros Penitenciarios (PEAFA) por el que se considera a los funcionarios de prisiones la condición de autoridad pública.

Asimismo, CSIF exige que se debe elevar la consideración de falta grave a muy grave las situaciones de insulto y amenazas, el desobedecer las órdenes de los funcionarios, instigar a otros presos a realizar motines o introducir móviles a las prisiones.