Cronología del 'procés' | ¿Cuándo se perdió el sentido en Cataluña?
El 'procés' es el desenlace de un proceso que arrancó a la vera del 15-M, aunque sus antecedentes están en la anulación de parte del Estatuto de Autonomía
Un ciudadano porta una bandera estelada
Madrid
Tiempo de lectura: 5'Actualizado 13 oct 2019
El juicio al 'procés' es el desenlace de un proceso que arrancó en 2012 con el objetivo de lograr la independencia de Cataluña. El punto de partida puede situarse en el nacimiento del 15-M y las protestas que tuvieron lugar frente al Parlamento autonómico, aunque son varios los antecedentes, como la anulación por parte del Tribunal Constitucional de varios preceptos del Estatuto de Autonomía de Cataluña en 2010.
La crisis económica que ha atravesado España despertó en 2011 este movimiento que sirvió de génesis a Podemos. Aunque desde el punto de vista territorial no tenía aspiraciones independentistas, las protestas contra el Gobierno de Artur Mas, que hasta lo obligaron a acceder a la Cámara en helicóptero, explican los acontecimientos posteriores.
El Ejecutivo autonómico agitó la consigna de que “España nos roba” para desviar las protestas hacia el Gobierno de la nación, dinamizando el sentimiento independentista. Según el Centro de Estudios de Opinión (CEO), en 2010 el número de partidarios de la independencia rozaba el 25% de la población, en 2018 el 48%. Aún así, los dirigentes independentistas siguen avanzando hacia la ruptura unilateral.
Artur Mas y Núria de Gispert acceden al Parlamento de Cataluña en helicóptero
EL PACTO FISCAL DE 2012
El julio de 2012 el Parlamento de Cataluña aprobó el denominado “pacto fiscal” -un texto que proponía que la comunidad se dotara de un sistema fiscal nuevo con semejanzas al concierto económico vasco-. En 2011, Cataluña era la región más endeudada de España con trece mil millones de euros. El entonces presidente Mariano Rajoy dijo que no había margen para negociar la propuesta. Cinco días después, Mas disolvió el Parlamento y convocó elecciones.
Con el Gobierno CiU-ERC los planteamientos independentistas se hicieron cada vez más radicales, culpando a Madrid de la crisis económica de los catalanes y convenciéndolos de las bondades que para ellos supondría una Cataluña independiente. Los partidos que perseguían un referéndum obtuvieron mayoría, aunque CiU perdió 12 diputados y ERC, que siempre ha defendido la secesión, duplicó los suyos.
LA CONSULTA DEL 9-N DE 2014
El 9 de noviembre de 2014 los catalanes votaron sobre la autodeterminación de Cataluña, aunque el proceso no contó con garantías ya que no existía un censo previo de votantes y se hizo pese a la prohibición del Tribunal Constitucional, que dijo que “una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación” para decidir sobre una cuestión que afecta a la totalidad del Estado.
El expresidente Mas votando en la consulta del 9-N en una caja de cartón
“¿Quiere que Cataluña sea un Estado?”, y “en caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?”, fueron las preguntas objeto de la consulta. Fruto de la misma, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba de declarar firme la condena a Mas por desobedecer al Tribunal Constitucional.
LAS ELECCIONES "PLEBISCITARIAS" DE 2015
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En noviembre de 2014, después de que la Fiscalía presentara una querella contra Mas por la consulta ilegal del 9-N, el dirigente presentó su plan para conseguir la independencia en 18 meses tras la celebración de elecciones. Junts Pel Sí, la alianza electoral entre CiU y ERC, ganó, lo que llevó a Mas a presentar la votación como un plebiscito a favor de la independencia.
En enero de 2016, presionado por la CUP, Mas dio un paso atrás y alcanzó “in extremis” un pacto para formar Gobierno con Carles Puigdemont al frente, que destituyó a los consejeros y directores generales más críticos con el referéndum.
PUIGDEMONT Y EL DESAFÍO AL ESTADO
En junio de 2017 Puigdemont anunció el referéndum independentista del 1 de octubre. Ello pese al rechazo rotundo del Gobierno central y a las resoluciones del Tribunal Constitucional, que había advertido reiteradamente de su inconstitucionalidad.
Los días 6 y 7 de septiembre los independentistas aprobaron las llamadas "leyes de desconexión" para su celebración. Fue entonces cuando cruzaron la línea roja en su desafío al Estado. El Parlamento autonómico aprobó la Ley del Referéndum sin los votos de Cs, del PSC y del PP, cuyos diputados abandonaron el hemiciclo.
El Parlament aprueba la ley de referéndum tras abandonar el pleno la oposición
El expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont y sus consejeros firmaron el decreto de convocatoria, que el Tribunal Constitucional anuló sobre la base de que Cataluña no tiene derecho a la autodeterminación. De acuerdo con la ONU, solo tienen reconocido este derecho los territorios en casos de colonización, violación de los derechos humanos o guerra, lo que explica que ninguna constitución democrática del mundo lo ampare.
La Mesa del Parlamento también tramitó, con el rechazo frontal de la oposición, la "ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república". Se trataba de la principal norma de desconexión con el Estado que establecía un periodo provisional para regular el tránsito entre la Cataluña autonómica y la independencia.
EL ASEDIO A LA GUARDIA CIVIL
En vísperas del referéndum, la Guardia Civil detuvo a catorce de sus organizadores, entre ellos una decena de altos cargos de la Generalidad. También registró los departamentos de Economía, Exteriores, Trabajo y Gobernación. Se produjo entonces el acoso a la comitiva judicial que estaba registrando la Consejería de Economía. El operativo se desplegó a primera hora de la mañana y hasta pasada la medianoche los Mossos d'Esquadra no dispersaron a los manifestantes, que rompieron cristales, realizaron pintadas y dañaron la tapicería de los coches en los que se habían desplazado los agentes del instituto armado.
Los coches de la Guardia civil destrozados frente a la Consejería de Economía de la Generalidad
EL REFERÉNDUM ILEGAL DEL 1 DE OCTUBRE
Pese a que el Gobierno de la nación insistió en que el referéndum no iba a tener lugar, finalmente se celebró en una jornada marcada por los enfrentamientos entre los votantes y policías, que cargaron contra ellos tras la orden judicial de cerrar colegios electorales. Según el Gobierno autonómico, el 90% apostó por el "sí". Los contrarios a la secesión no participaron en la votación por ser ilegal.
EL DISCURSO DEL REY
El 3 de octubre el Rey Felipe VI emitió un mensaje en televisión alertando de la “extrema gravedad” del proceso independentista. Cinco días después, cientos de miles de personas se movilizaron en Barcelona contra la independencia de Cataluña, entre ellos el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.
El Rey Felipe VI en su mensaje para valorar la situación en Cataluña
LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA
El Parlamento de Cataluña proclamó el 27 de octubre la independencia de Cataluña como Estado, de forma unilateral y pese a su patente y reconocida inconstitucionalidad. La resolución recabó el apoyo de 70 diputados de los 135 que conforman la Cámara, aunque fue anulada por el Constitucional.
Tras ello, el expresidente Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución, que supuso el cese del presidente catalán, Carles Puigdemont, y la convocatoria de elecciones. Cs ganó los comicios, aunque el bloque independentista mantuvo la mayoría absoluta en el Parlamento.
LA HUIDA DE PUIGDEMONT
El 30 de octubre Puigdemont huyó a Bruselas acompañado de algunos de sus exconsejeros. Cinco meses más tarde, tras intentar cruzar en coche la frontera desde Dinamarca en dirección a Bélgica, la policía alemana lo detuvo.
Aunque lideró el proceso hacia la independencia, el tribunal alemán de Schleswig-Holstein rechazó su entrega a España por el delito de rebelión, aceptándola solo por el de malversación. Para evitar la paradoja de juzgarlo por un delito con menos pena que los que se imputan a sus principales colaboradores, España desactivó la euroorden emitida contra él, aunque mantiene la orden de detención nacional que le impide entrar en territorio español sin riesgo de ser puesto a disposición judicial.
EN PRISIÓN PROVISIONAL A LA ESPERA DE JUICIO
Actualmente, por el 'procés' están a la espera de juicio el expresidente Oriol Junqueras, los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila. También la expresidenta del Parlamento autonómico Carme Forcadell y los líderes de Òmnium Cultura y de la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.
Oriol Junqueras en las inmediaciones del Tribunal Supremo
EL PAPEL DE LA ANC Y ÒMNIUM CULTURAL
La ANC nació en 2012, aunque fue impulsada tres años antes por un grupo de independentistas. Poco a poco fue abriendo delegaciones en casi todos los municipios de Cataluña, que se encargaron de dinamizar el ideario separatista entre los ciudadanos. Por su parte, Òmnium Cultural, que se creó en 1961 para promocionar la lengua y la cultura de Cataluña, le dio apoyo ideológico y logístico. Ambas instituciones movilizaron a la ciudadanía a favor de la independencia, como se puso de manifiesto en las Diadas.
ACOSO AL PODER JUDICIAL
Desde que se decretó prisión provisional para los dirigentes independentistas, el acoso al Poder Judicial ha sido constante. Un blanco fácil ha sido el instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que ha sufrido amenazas e insultos en la vía pública, así como ataques con pintura amarilla en su casa.
Al mismo tiempo, Cataluña se ha llenado de lazos amarillos en apoyo de los denominados “presos políticos”. La consigna de que España es un Estado autoritario que saquea las riquezas de los catalanes y pisotea su identidad cultural ha permeado en la ciudadanía.
Lazos amarillos en el parque de la Ciutadella de Barcelona
Sin embargo, Cataluña tiene un Poder Ejecutivo y un Poder Legislativo propios, así como un Estatuto de Autonomía y su propio cuerpo de policía. La propia Constitución Española permite la existencia de partidos independentistas contrarios a la unidad territorial que consagra. Y su proceso penal es plenamente garantista, como se plasma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Código Penal.
En España no se persigue a los ciudadanos por sus ideas políticas, sino por incumplir la ley. En el caso de los dirigentes independentistas, será el Tribunal Supremo el que dirima su responsabilidad.
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