Se dispara el número de españoles que han visto como se hacía realidad la pesadilla de llegar a casa y comprobar que no pueden entrar porque ha sido okupada. Después empieza el calvario de un procedimiento judicial enrevesado que puede durar años.

Una de estas personas es Cristina López. Tiene 52 años y decidió poner en alquiler su piso en Mirasierra, en Madrid, en 2016. Había sufrido un accidente de tráfico, atropellada por una furgoneta, que le impidió volver a trabajar. “Tuve que vivir en casa de mis padres para poder mantenerme a mí y a mi hijo y pagar la hipoteca” reconoce en COPE con la voz entrecortada recordando la situación.

Para su desgracia, la inquilina dejó de pagar la mensualidad tres años después alegando problemas familiares. Se había divorciado, no tenía ingresos y prefirió que Cristina dejara de cobrar el alquiler antes de buscar una solución a su vida.

Los datos facilitados a COPE por la Plataforma de Afectados por la Ocupación demuestran que este fenómeno de alquilar una vivienda y dejar de pagar al poco tiempo, la 'inquiocupación', ha llegado a significar el 70% de este delito.

Ante esta situación, Cristina nos dice que “les mandé un burofax pidiéndole que abandone la casa para que pueda buscar otro inquilino y la señora me dice que ni se marcha ni me paga”. Este fue el comienzo de su calvario en el que ha recibido amenazas e intento de agresiones de las que se ha librado gracias a la ayuda de los vecinos. Cuando intenta denunciar esos insultos y empujones, la propia policía le recomienda que se lo piense “porque me va a retrasar el proceso de desahucio que ya llevaba años paralizado en los tribunales”.

Lo que comenzó como una solución para paliar sus problemas económicos ocasionados por un accidente se acaba convirtiendo en un problema de tal magnitud que le afecta psíquicamente y Cristina continúa recibiendo ayuda psicológica.

DELINCUENCIA HABITACIONAL

El lamentable el caso de Cristina se suma al del millón de españoles afectados en la última década por este fenómeno, que ha crecido un 16% en el segundo trimestre de 2022 y un 46% desde 2018, según la información facilitada por el Ministerio del Interior a requerimiento del grupo parlamentario de VOX.

Datos que demuestran que en 2011 se produjeron 3.843 okupaciones ilegales, frente a los 17.274 en 2021 o los 14.621 en 2020. No obstante, los datos que acaba de hacer públicos el Ministerio del Interior no diferencian entre allanamientos de morada o usurpaciones y reflejan el primer descenso en este tipo de delitos en los últimos cinco años. Han caído un 5,4 % en los siete primeros meses del año respecto al mismo período del año anterior, según estas fuentes oficiales.

Sin embargo, la Asociación Nacional de Afectados por la Okupación calcula que en España hay más de 120.000 viviendas okupadas y cerca de un millón de personas afectadas. Su presidente, Toni Miranda, calcula en COPE que, a la vista de estos datos, “el 2022 cerrará con unas 20.000 okupaciones nuevas, pero estos son los datos que da un gobierno que da amparo a este fenómeno. Los datos que da el Ministerio del Interior son de usurpaciones de viviendas y son solo algunas de las okupaciones reales. No incluyen a los inquilinos que dejan de pagar, pero además hay miles de los propietarios que no denuncian porque están acudiendo a empresas de desocupación o los bancos, que tampoco denuncian porque han visto que no les sirve de nada”. Un fenómeno en aumento que tiene una explicación que da en COPE Montserrat Junyet, responsable jurídica del colectivo de Agentes de la Propiedad en España y Cataluña: “se usa la ocupación ilegal de viviendas como un mecanismo para dar respuesta a la necesidad habitacional de la población. Se están mezclando situaciones de vulnerabilidad con actividades delincuenciales por grupos mafiosos”.

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ESPAÑA ES DIFERENTE

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2018 fue la última modificación legislativa sobre estos delitos y convierte a España uno de los países de nuestro entorno sin un marco legal suficiente para proteger al propietario (entre los que hay pensionistas, personas en paro o sin liquidez). Además, las comunidades de vecinos denuncian la inseguridad que aumenta en la zona con okupas y la necesidad de frenar a las mafias organizadas que ofrecen viviendas a inquilinos vulnerables o extranjeros sin papeles.

Por este motivo, la responsable jurídica de los colegios de agentes de la propiedad reconoce en COPE que “en el resto de países de nuestro entorno esto no ocurre porque cuando se produce una okupación, el desalojo es inmediato. En España, para que sea considerado un delito, casi tienes que encontrar el justo momento en el que se produce la entrada a la vivienda para empezar la discusión jurídica. Lamentablemente, tenemos un sistema legislativo que da tolerancia a estas situaciones”.

Dinamarca, Holanda y Suecia son los países en el que este trámite es más rápido, ya que basta con acudir a la Policía y demostrar ser el legítimo propietario para desalojar a los infractores. En el caso de Holanda hace falta además una autorización judicial que tramitan los propios agentes.

En el Reino Unido modificaron la legislación en 2012 para que la policía pudiera acudir a la vivienda ocupada, nada más tener constancia de la denuncia de allanamiento de morada y sin necesidad de autorización judicial. Si los intrusos no abandonan la propiedad en 24 horas, pueden ser enviados directamente a prisión.

Veinticuatro horas es también el tiempo que necesitan en Alemania para proceder al desalojo tras presentar la denuncia. Además, se castiga con multa y penas de cárcel de un año, que puede aumentar a dos si se produce el uso de violencia.

Como en el caso del Reino Unido, en Francia no es necesaria una orden judicial para que la policía proceda a echar a los okupas si el propietario avisa en las 48 horas posteriores. Si hubieran pasado más de dos días, el propietario sí que tendría que denunciar, pudiendo desalojarles cuando lo autorice un juez, aunque suele ser un proceso más rápido que en España.

La clave en la legislación antiokupa en Italia está en los juicios rápidos con los agentes pueden proceder a la expulsión en un breve espacio de tiempo. Otra herramienta disuasoria es que la okupación se castiga con una pena máxima de dos años de prisión y una multa que llega los mil euros.

ECHAR AL OKUPA

La ley actual de Enjuiciamiento Civil señala que la Policía solo puede desalojar a los okupas si les pillan en el acto, lo que se conoce como “delito flagrante”. Por ese motivo, los ocupantes ilegales de la vivienda cambian la cerradura inmediatamente y el propietario se ve obligado a solicitar una orden judicial de desalojo a través de una demanda civil de desahucio.

Precisamente, Cristina consiguió en marzo de 2022 que se procediera al desahucio, pero “esta señora pide un informe de vulnerabilidad a servicios sociales y lo paraliza. Es algo que no entiendo” explica Cristina en COPE “porque viste con ropa de las tiendas más caras de Madrid con un señor detrás que le lleva todas las bolsas y acude a los centros de belleza y peluquerías de la zona, como me comentan los vecinos”.

Con la legislación actual, el informe de Servicios Sociales es más que suficiente para paralizar los alzamientos, sin necesidad de confirmar si hay fraude o si el ocupa recibe ayudas públicas.

Cristina optó, entonces, por entregar al juez pruebas de la situación en la que vive por no poder acceder a su propia vivienda ni tener ingresos para hacer frente a la hipoteca.

La tramitación del desahucio quedó encallada y Cristina decidió hacer público el nombre y la situación de su inquilina en redes sociales “para que todo el mundo sepa que esta señora es una sin vergüenza y una delincuente que se aprovecha de la impunidad de la que gozan los okupas en España”.

Afortunadamente, en este caso la inquilina tenía mucho que perder con esa mala publicidad y el pasado mes de julio le devuelve las llaves del piso a Cristina a cambio de que “me haga responsable de todos los daños que ha sufrido su casa, de la deuda que había adquirido con los impagos y de que no vuelvan a aparecer en su vida los medios de comunicación”.

El abogado de Cristina le recomendó que aceptara porque “el procedimiento jurídico sigue suspendido y desconocemos cuando se reactivará para poder llevar a cabo del desahucio. Si esta señora no se va, yo tardaría todavía unos años en recuperar mi casa”.

BATALLA POLÍTICA

La pandemia y sus consecuencias económicas llevaron al gobierno de Pedro Sánchez a aprobar un escudo social que beneficia a las familias sin recursos para pagar el alquiler que, a su vez, ha prolongado la pesadilla que viven los propietarios para que sean ejecutados los lanzamientos y les devuelvan sus propiedades. La iniciativa partió de Unidad Podemos, que asegura que “la okupación es un problema inventado por la derecha” y ahora vuelve a protagonizar otra batalla política con sus socios de gobierno. Teme que las dos enmiendas presentadas por el PSOE sobre okupación echen por tierra su política de vivienda.

Además, la escalada de casos de okupas llevó a partidos como el PP, Vox, Pdcat o gobiernos autonómicos como el de Madrid (PP) y Castilla la Mancha (PSOE) a proponer distintas reformas legales que fueron rechazadas en el Parlamento. Ahora es el PSOE el que propone un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para desalojar okupas en 48 horas, aunque cuenta con el rechazo de Unidas Podemos, que les acusa de asumir “la agenda de la derecha”.

“Por fin estamos en un momento en el que los partidos políticos y el Gobierno se están dando cuenta de que estamos en una situación que hay que abordar”, reconoce en COPE la jurista Montserrat Junyet que añade que “el problema de la vivienda no se soluciona permitiendo la ocupación, se soluciona creando viviendas sociales”.

Esto nos lleva a tener que diferenciar entre los distintos delitos relacionados con la okupación ilegal:

1. Allanamiento de morada: implica la entrada no autorizada en una primera o segunda residencia. No son los más habituales, aunque son los que provocan mayor daño económico y psicológico a los propietarios particulares de esas viviendas. El grupo socialista propone que el delito de allanamiento deje de enjuiciarse con jurado para agilizar el proceso. Otros partidos como PP y PdeCat también han solicitado cambios para agilizar y acelerar unos procesos que están colapsando los tribunales.
2. Usurpación de bienes inmuebles u okupación: la ocupación se da habitualmente en pisos vacíos propiedad de bancos o fondos de inversión. La reforma del Código Civil en 2018 permite desalojar el inmueble en cinco días y la enmienda que quiere aprobar ahora el PSOE acorta esos plazos. Con anterioridad, el Partido Popular registró una proposición de ley para la reforma legislativa del este delito que permita el desalojo inmediato o en 24 horas por parte de la policía.