La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, ha precisado hoy que el 41 por ciento de las fiscalizaciones programadas por este órgano para este año se realizarán en el ámbito de la contratación pública.

De la Fuente ha inaugurado en Logroño el curso "La nueva regulación de la contratación del sector público: fiscalización y enjuiciamiento por el Tribunal de Cuentas", en un acto en el que también ha intervenido el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros.

La contratación pública constituye una de las actuaciones "más relevantes" en la actuación de las entidades públicas, ha constatado De la Fuente, por lo que esta actividad supone "uno de los objetivos prioritarios" de la fiscalización que realiza el Tribunal de Cuentas.

Para ello, esta institución, al igual que los órganos de control externo de las comunidades autónomas, precisa contar con "información suficiente, adecuada y fiable", que permita realizar ese control.

La nueva Ley de Contratación Pública, que entró en vigor en marzo pasado, recoge una "regulación más amplia" de la información que se debe remitir al Tribunal de Cuentas para que realice esta fiscalización, ha matizado.

También ha detallado que, a través de la Plataforma de rendición de cuentas de las entidades locales, se ha articulado un sistema de remisión única de la información sobre la contratación pública que realizan los ayuntamientos y posibilitar su explotación común.

Entre las recomendaciones habituales que realiza el Tribunal de Cuentas ha citado dotar de más transparencia a la contratación, justificar la misma de la mejor manera posible y contar con informes económicos y estudios de costes que avalen razonadamente los presupuestos y la sostenibilidad de lo contratado.

De Fuente ha abogado por emplear un mayor rigor en las fases de preparación, planificación y tramitación de los expedientes de contratación; tener una mayor vigilancia y un control más estricto en la ejecución de los contratos e imponer en casos de incumplimiento o retrasos inmotivados las penalidades oportunas.

Por su parte, Ceniceros ha subrayado que la labor de fiscalización que realiza el Tribunal de Cuentas permite garantizar los principios de "legalidad, eficacia y eficiencia", además de alejar a las entidades públicas del "cáncer de la corrupción".