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El Congreso aprueba la ley de amnistía definitivamente y la deja en manos de los jueces

El Congreso de los Diputados aprueba este jueves la ley de amnistía definitivamente y la deja en manos de los jueces, que serán los encargados de aplicarla una vez que la ley sea publicada en el BOE y entre en vigor.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 04:00

El Congreso de los Diputados aprueba este jueves la ley de amnistía definitivamente y la deja en manos de los jueces, que serán los encargados de aplicarla una vez que la ley sea publicada en el BOE y entre en vigor.

Seis meses después de ser registrada en la Cámara Baja por el Partido Socialista en solitario, pero con el apoyo expreso de todos los socios de gobierno y parlamentarios, la ley que prevé amnistiar a cerca de 370 encausados por el procès verá la luz con el apoyo previsible de 178 votos a favor frente a 172 en contra,

Una norma que el Ejecutivo aprueba "en favor de la normalización de la convivencia en Cataluña" y que fue pactada con los independentistas catalanes de ERC y de Junts a cambio de sus apoyos a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La ley ha tenido una tramitación tortuosa por la oposición frontal del PP y Vox, que han intentado frenarla tanto en el Congreso como en el Senado. En la Cámara Alta, los populares dilatando su procedimiento hasta el máximo de dos meses permitido por el reglamento.

Después de diversos informes de los letrados, unos a favor de tramitar la amnistía y otros en contra, y tras arduos debates y algún conflicto como el que planteó el Senado al Congreso por las atribuciones de las Cámaras y que finalmente fue retirado, la amnistía se aprueba y pasa a manos de los jueces, que serán los encargados de resolver cada caso que se plantee en un margen de dos meses.

Último debate con votación nominal

El debate de este jueves comenzará a las 09:00h con la intervención de los grupos parlamentarios, empezando de menor a mayor, y los portavoces o miembros de los partidos tendrán 7 minutos para defender o no la ley. Se trata de ratificar el dictamen que aprobó el pleno del Congreso el 14 de marzo y levantar así el veto que le impuso el Senado en mayo.

No está previsto que intervenga ningún miembro del Ejecutivo, y será el portavoz de la Comisión Constitucional, Artemi Rallo, el que previsiblemente suba a la tribuna, aunque todo parece indicar que el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, hará declaraciones a los medios de comunicación tras la aprobación de la ley.

Las intervenciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del de Vox, Santiago Abascal, están garantizadas, según apuntan fuentes de estos partidos mientras que en el hemiciclo también estarán presentes los dirigentes de ERC, Oriol Junqueras y de Junts, Jordi Turull.

ERC y Junts ya han avisado de que la ley de amnistía no marca el punto y final de sus reinvidicaciones y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha incidido en las última horas que el referéndum de independencia es "la última parada".

Está previsto que el debate se prolongue durante dos horas y que finalice con una votación por llamamiento tal como ha vuelto a solicitar el PP y como ha sido habitual en todos los debates parlamentarios de la amnistía.

La aplicación de la ley

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La ley de amnistía se tendrá que publicar en el BOE tras su aprobación en las Cortes pero no hay garantía de que sea mañana viernes, tal como apuntan algunas fuentes del Ejecutivo.

Otras fuentes socialistas del Gobierno también reconocen cierta preocupación por la aplicación de la ley que hagan los jueces, sobre todo tras el envío de una guía elaborada por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial con indicaciones para elevar cuestiones prejudiciales sobre esta norma a la justicia europea, lo que forzaría su suspensión.

Al respecto, estas fuentes confían en que no haya ninguna doctrina ni interpretaciones interesadas por parte de los jueces.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido en que el Gobierno apoya a los jueces y cree que deberán aplicarla "con independencia, con rigor, con profesionalidad y con excelencia técnica" mientras que desde Sumar se avisa de que podrían incurrir en un delito de prevaricación.

El PP mientras tanto se prepara para dar la batalla en todas las vías para tumbarla, incluida la vía jurisdiccional y el recurso ante el Tribunal Constitucional.

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