La Audiencia de Barcelona ha condenado a 18 años y tres meses de cárcel al matrimonio que en diciembre de 2018 mató a tiros a un vecino del barrio Baró de Viver de la capital catalana con quien mantenían disputas, un suceso que derivó en el asalto vecinal a la vivienda de los procesados.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, la Audiencia condena a Olga B. S. y a Pedro S. M. por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas de que fueron declarados culpables por un tribunal popular y les impone diez años de libertad vigilada una vez salgan de la cárcel.

La sentencia obliga además a los procesados a pagar 682.000 euros en indemnizaciones a los familiares de la víctima: 300.000 a la hija, 250.000 a la viuda, 60.000 a cada uno de los padres y 40.000 a cada uno de los tres hermanos del fallecido.

El matrimonio afrontaba sendas penas de 27 años de cárcel por ponerse de acuerdo para matar, la noche de diciembre de 2018, a un vecino del barrio de Baró de Viver con quien estaban enfrentados, disparándole al menos en tres ocasiones con un arma de fuego para la que no tenían licencia.

Los procesados, según dio por probado el jurado, se concertaron para dar muerte a su vecino: salieron juntos de casa hacia el domicilio de la víctima y, una vez ante él, la mujer entregó el arma de fuego que llevaba a su esposo al tiempo que le decía: "mátalo".

Aunque fue Pedro S.M. el autor material de los disparos, el tribunal popular consideró que su mujer tuvo la misma intervención personal y directa en los hechos.

Tras el asesinato, el matrimonio huyó a casa de unos familiares de la localidad almeriense de Roquetas de Mar, donde fueron finalmente detenidos, y el crimen provocó una oleada de indignación en el barrio, hasta el punto de que los vecinos asaltaron y quemaron el domicilio de los procesados.

El juez ha justificado la proporcionalidad de las penas atendiendo al "desvalor de la acción que supone la frialdad en la ejecución, la actuación conjunta de ambos acusados y lo irracional del motivo ofrecido como desencadenante del ataque mortal."

También ha valorado como un agravante la conducta posterior de los procesados, "huyendo de la ciudad y logrando refugiarse en casa de unos familiares en Andalucía, sustrayéndose de la acción de la justicia durante más de un mes".

No obstante, la acusación particular, ejercida por el abogado Daniel Salvador, del bufete Vosseler Abogados, ha manifestado que estudia recurrir la sentencia ya que consideran que "la pena impuesta es muy inferior a la que corresponde por un delito de esta naturaleza". EFE