El magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido defiende que la decisión de incluir al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias en la comisión del Centro Nacional de Inteligencia fue política y organizativa, y cree que el tribunal debería haberla respetado, en lugar de anularla.

El también ex fiscal general del Estado fue el único de los magistrados del TC que discreparon con la decisión mayoritaria del tribunal de anular y declarar inconstitucional la disposición segunda que figura en el decreto del primer estado de alarma, que permitió a Iglesias, ya retirado de la política, formar parte de la comisión que supervisa y regula los trabajos del CNI.

La razón es, según informa en un comunicado el TC, que Conde-Pumpido considera que dicho decreto supone cambios de naturaleza organizativa dentro del propio Gobierno, pero no tiene ningún efecto en la esfera de los derechos y deberes de los ciudadanos.

A su entender, es "manifiestamente desproporcionado" que el tribunal exija promover una reforma legislativa para incluir a un vicepresidente segundo en la comisión cuando "la necesidad política" exige su incorporación, algo que permite a su vez que en dicha comisión esté representado Unidas Podemos, partido que "complementa al Gobierno de coalición legítimamente investido por el Parlamento".

Opina lo mismo con respecto a la decisión del presidente del Ejecutivo de estar representado en la comisión por el jefe de gabinete de la Presidencia en lugar de por su secretario general, máxime en un momento de crisis sanitaria, "en el que el Parlamento tiene otras cuestiones perentorias que atender".

Para el magistrado, es el Gobierno quien, en virtud del artículo 97 de la Constitución, dirige la política interior y exterior y la Administración civil y militar, de modo que es el Ejecutivo quien toma las decisiones sobre su propia organización.

En consecuencia, añade, dichas decisiones no le pueden ser "totalmente sustraídas sin poner en cuestión la propia separación de poderes y la atribución constitucional de potestades y funciones".

"Debe corresponder a un Gobierno que inicia su andadura después de unas elecciones decidir cuál deba ser la estructura y composición de las Comisiones delegadas del nuevo Gobierno, precisamente con la finalidad de que las mismas estén en condiciones de desarrollar sus funciones con arreglo a las necesidades organizativas apreciadas por aquel que tiene reconocida la potestad de dirección del mismo, el presidente del Gobierno", añade, según informa el TC.

El resto de magistrados consideró que no concurrían las razones de extraordinaria urgencia y necesidad necesarias para dictar un decreto-ley, si bien Conde-Pumpido considera que por tratarse de modificaciones que se refieren al ámbito natural de potestad del propio Gobierno, el análisis del tribunal respecto a dicho requisito, debería adaptarse a tal circunstancia y ser respetuoso con la posición constitucional del Ejecutivo.