Tres responsables del área de Servicios y del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) de la Generalitat investigados por los preparativos del referéndum se han desmarcado hoy ante el juez de la organización del 1-O y han negado haber destinado fondos públicos a la consulta.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, ante el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum, han declarado hoy cuatro nuevos investigados.

Dos de los investigados que han declarado fueron detenidos en la operación que la Guardia Civil organizó el pasado 20 de septiembre por orden del juez: Natalia Garriga, directora de Servicios de la Generalitat, y Pau Furriol, responsable de una nave de Bigues i Riells (Barcelona) donde se intervinieron casi 10 millones de papeletas del 1-O.

Garriga fue objeto de seguimientos de la Guardia Civil, que sospechaba que desempeñaba un papel clave en los preparativos del referéndum, y de esa forma llegaron a la nave donde se almacenaban las papeletas que, según mantiene el instituto armado, la responsable de Servicios de la Generalitat estaba supervisando.

También han comparecido hoy ante el juez Mercedes Martínez, funcionaria que estaba bajo las órdenes de la directora de Servicios, y Joan Angulo, responsable del CTTI.

Tanto Garriga como Martínez se han acogido a su derecho a contestar solo a las preguntas de su abogado y han negado haber incurrido en un delito de desobediencia, dado que no estaban sujetas a ningún mandato judicial en relación con su posible participación en la organización del 1-O.

Las investigadas han negado además haber malversado dinero público en la organización del referéndum, puesto que no tenían acceso a disposiciones de fondos.

También Pau Furriol ha contestado solo a las preguntas de su abogado, al que ha negado cualquier vínculo con la organización del referéndum, lo que ha impedido que pudiera dar explicaciones sobre las papeletas del 1-O que se intervinieron en la nave de Bigues i Riells.

Por su parte, Angulo, que ha contestado a todas las partes, ha negado que trabajara para organizar el referéndum y ha aducido que no tiene información sobre los dominios de internet en los que se alojaban las páginas web del referéndum.

Asimismo, el juez ha citado a declarar para la próxima semana a trabajadores de la empresa Unipost, a la que se sospecha que la Generalitat encargó la distribución de las tarjetas censales para el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.