El Gobierno de Canarias estudiará el alcance de los dos últimos autos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que elimina, entre otras medidas, la exigencia del certificado covid para acceder a determinadas actividades y ha recordado que desde hace más de un año se pide una prueba diagnóstica para entrar en hoteles o para llegar a Canarias.

El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, ha señalado que aún no les han notificado este auto pero ha especificado que la decisión judicial sustituye a las medidas establecidas por el Gobierno.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitió hoy dos autos en los que suspende de forma cautelar la exigencia establecida por el Gobierno de Canarias de presentar el certificado covid para ocupar el aforo interior en los establecimientos de hostelería y restauración o para acceder a actividades culturales o deportivas en interiores en los las islas en niveles 3 y 4.

Asimismo ha suspendido la limitación de horario de las actividades no esenciales de 0 a 6 horas de la mañana y aumenta los aforos en cines, teatros, auditorios o en gimnasio o actividades deportivas en interiores al 55 por ciento en las islas en nivel 4.

Pérez ha insistido en que se precisa un estudio a fondo de los autos porque se debe aclarar que la eliminación de la limitación de horarios o el cierre de actividades no solo se refieran al nivel 4 sino a todos los niveles "porque no sería muy coherente".

Ha añadido que en los autos se vincula la decisión del Tribunal Supremo de eliminar el toque de queda con el horario de las actividades cuando, en su opinión, no guarda relación ya que la primera se refiere a la movilidad.

Pérez ha considerado que la exigencia de un certificado covid, que ha recordado se pactó con el sector de la hostelería, no lesiona el derecho a la intimidad y ha recordado que desde hace un año en todos los establecimientos hoteleros se exige un documentado parecido así como en los puertos y aeropuertos para entrar en Canarias.

Ha adelantado que presentarán alegaciones a los dos autos y ha aclarado que todas las decisiones que toma el Gobierno lo hace siguiendo el criterio de los técnicos sanitarios y con el asesoramiento legal de los servicios jurídicos.

Además ha puntualizado que en todas ellas se intenta conjugar la defensa de la salud; la economía y los derechos fundamentales.