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SUCESOS EXTRANJEROS

Cae una banda que ofrecía contratos fraudulentos para regularizar extranjeros

La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Barcelona una banda que ofrecía contratos fraudulentos de empleo del hogar para regularizar extranjeros, con los que habrían obtenido un beneficio de 400.000 euros, y ha detenido a siete personas e investiga a otras 56.,Según ha informado este jueves la Policía Nacional en un comunicado, entre los siete detenidos en esta operación policial se encuentran los máximos responsables y captadores de extranjeros de la ban

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 12:12

La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Barcelona una banda que ofrecía contratos fraudulentos de empleo del hogar para regularizar extranjeros, con los que habrían obtenido un beneficio de 400.000 euros, y ha detenido a siete personas e investiga a otras 56.

Según ha informado este jueves la Policía Nacional en un comunicado, entre los siete detenidos en esta operación policial se encuentran los máximos responsables y captadores de extranjeros de la banda, y otras 56 personas están siendo investigadas por su vinculación con la trama, de la que cobraban hasta 3.000 euros por ofrecerse como falsos empleadores.

Los extranjeros, principalmente de India, Pakistán y Bangladesh, pagaban hasta 8.000 euros por un contrato laboral fraudulento convencidos de que era legal, y en la creencia de que una vez resuelto el expediente trabajarían para la persona que figuraba como empleador.

La investigación se inició en verano de 2019, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una serie de expedientes de solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales (arraigo social), a nombre de ciudadanos extranjeros, mayoritariamente de Pakistán y en menor medida de la India y Bangladesh, que tras las primeras pesquisas presentaban indicios de ser fraudulentos.

Estos expedientes se correspondían a ciudadanos extranjeros residentes en Barcelona y en localidades limítrofes como Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramanet y Badalona, y en ellos constaba, entre otra documentación, un contrato laboral y oferta de trabajo como empleado de hogar.

En todos los expedientes detectados, alrededor de unos 60, se daba la circunstancia de que figuraba el mismo domicilio a efectos de notificaciones y que se correspondía con el de un despacho profesional de Barcelona.

Tras recabar las primeras declaraciones y conforme avanzaban las investigaciones, se pudo determinar que presuntamente estaría detrás de la trama un grupo de ocho personas con vínculos laborales o de amistad, entre ellos una supuesta abogada y dos colaboradores de esta, como los máximos responsables, así como un grupo de otras cinco personas con funciones de intermediación y captación de potenciales clientes.

La organización, a través de estos captadores, contactaba con ciudadanos extranjeros en situación irregular, quienes ante su situación de necesidad estarían dispuestos a endeudar a toda su familia si fuese necesario, con el fin de obtener el ansiado permiso de residencia.

En el despacho investigado, según las declaraciones, se llevaría a cabo la venta de los contratos a cambio de unos 8.000 euros que pagaban los extranjeros, la mayoría de ellos convencidos de que detrás de dicha oferta se encontraba una oferta de empleo legal, toda vez que no efectuaban pago alguno hasta que el expediente se resolvía como favorable.

Los responsables de la trama a su vez contactaban con los presuntos empleadores, que habrían mantenido algún tipo de relación con el despacho profesional y a quienes ofrecían la posibilidad de conseguir un dinero extra que podría alcanzar hasta los 3.000 euros por contratar a un extranjero que nunca llegaba a trabajar para él.

Tras la concesión del permiso de residencia y figurar dos meses de alta en la Seguridad Social, procedían a dar de baja al trabajador para así no hacer frente a los pagos de cotizaciones de la Seguridad Social, por un trabajo que a su vez nunca llegaban a desempeñar y que, según estipula la normativa vigente, debiera estar dado de alta un mínimo de un año.

Los detenidos por la Policía Nacional están acusados de los delitos de falsedad documental, delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a organización criminal.

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