Rafael Herrero

El abogado surafricano Brian Currin ha puesto hoy punto final a su labor de mediación en el proceso del fin del terrorismo en el País Vasco, un trabajo de más de una década acogido con entusiasmo por la izquierda abertzale, contemplado con evidente distanciamiento por el PSE, el PNV y el Gobierno Vasco y rechazado abiertamente por el PP.

A Currin le lastró desde el principio la etiqueta de desembarcar en Euskadi de la mano de la izquierda abertzale, con el cometido de allanar el camino de la organización terrorista ETA hacia el abandono de las armas, por lo que su labor nunca contó con el beneplácito de todas las partes, y menos de algunas asociaciones de víctimas.

No en vano, una de sus primeras apariciones públicas en Euskadi data del 30 de enero de 2007, cuando no había transcurrido ni un mes desde que el atentado de Barajas, con dos víctimas mortales, acabara con la tregua de ETA y enterrara el proceso de diálogo intentado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ese día, Currin compareció en una rueda de prensa en Bilbao acompañado por el entonces portavoz de Batasuna y ahora líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y por el también dirigente de la izquierda abertzale Pernando Barrena.

El letrado surafricano fue presentado como experto en resolución de conflictos, con un currículum en el que figuraba su intervención en procesos como el final del "apartheid" en Suráfrica, la creación de una comisión de la verdad en este país, gestiones en Sri Lanka y Ruanda y su participación en la comisión de verificación de sentencias de Irlanda del Norte.

El 1 de octubre de ese mismo año, 2007, cuando el final de ETA, tras el fiasco de la tregua, se veía aún muy lejano, Currin presentó en Bilbao el germen de lo que posteriormente se materializaría en el denominado Grupo Internacional de Contacto (GIC).

Se llamó Iniciativa Internacional para la Promoción del Diálogo y la Paz en el País Vasco y su líder fue el expresidente de Finlandia Martti Ahtisaari. En ese grupo figuraban ya el ex secretario general de la Interpol Raymond Kendall y la defensora del pueblo para la reforma de la policía en Irlanda, Nuala O'Loan, quienes en 2011 se incorporaron al GIC.

En esta iniciativa participaba la fundación Joseph Rouwntree Charitable Trust, con sede en Londres, que ha financiado algunas de las actividades del grupo de Currin en Euskadi.

Ese mismo año Currin figuró en la lista de testigos que la defensa del exlehendakari Juan José Ibarretxe presentó en el proceso judicial que se abrió contra él por reunirse con representantes de la ilegalizada Batasuna.

El abogado surafricano reapareció en la escena vasca dos años y medio después, al mismo tiempo que la izquierda abertzale comenzaba a "hacer girar el trasatlántico" -en palabras de Arnaldo Otegi- hacia el abandono de la violencia.

En marzo de 2010, un mes después de que la izquierda abertzale hiciera públicas las conclusiones de la ponencia "Zutik Euskal Herria", en la que apostó por el "uso de vías y medios exclusivamente políticos y democráticos", Currin promovió la llamada "Declaración de Bruselas", en la que un grupo de personalidades involucradas en la resolución de conflictos internacionales solicitaron a ETA un "alto el fuego permanente".

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El 10 de enero de 2011 ETA anunció un alto el fuego permanente, de "carácter general" y "verificable internacionalmente", que cumplía "las condiciones" de la Declaración de Bruselas, tras el que Currin constituyó el llamado Grupo Internacional de Contacto, liderado por él mismo y compuesto también por los citados Kendall y O'Loan y por el israelí Alberto Spektorowski, el profesor suizo Pierre Hazan y la criminóloga británica Silvia Casale.

Su principal labor, preparar la denominada Conferencia de Aiete, celebrada el 17 de octubre de 2011 y que sirvió para anticipar el anuncio del cese definitivo de la violencia de ETA, dado a conocer tres días después.

Desde entonces, Currin y su grupo han realizado sucesivas visitas a Euskadi para entrevistarse con los partidos, aunque ha tenido siempre cerradas las puertas del PP y del Gobierno central, mientras que el ejecutivo autonómico ha observado su trabajo con indisimulado escepticismo y ha establecido contactos con él a través de la Secretaría de Paz y Convivencia.

Los pronunciamientos de colectivos como Covite han sido muy críticos con el GIC, al que han visto como un instrumento para "blanquear" a ETA que no ha tenido en cuenta a las víctimas del terrorismo.

Sus mensajes durante este periodo se han dirigido sobre todo a exigir al Gobierno la modificación de su política penitenciaria y la verificación del alto el fuego, además de solicitar su participación en el desarme de ETA, ya que consideraba una "locura" que la entrega de las armas fuera "unilateral", como finalmente sucedió.

Su última aportación fue la organización, el pasado 4 de mayo, del encuentro de Cambo-les-Bains (Francia), en el que se certificó y escenificó la disolución definitiva de ETA anunciada un día antes. Allí, Currin lamentó que los gobiernos no hubieran participado en este acto y advirtió de que el "proceso de paz" no ha acabado, porque quedan asuntos pendientes como los presos -que calificó de "políticos"- y las víctimas.