Gobierno precisa que "gran parte" del sobreprecio de la compra se destinó a proyectos inmobiliarios y que se realizaron 4 sobornos

El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, ha solicitado a la Fiscalía General de la nación andina que cite a declarar a la expresidenta Jeanine Áñez y a todo su gabinete por la compra con presunto sobrecoste de material antidisturbios, el caso en el que supuestamente están involucrados los exministros Arturo Murillo y Fernando López.

Según ha explicado Lima, la Constitución de Bolivia prevé una "responsabilidad solidaria" por los decretos que dieron vía libre a la compra supuestamente irregular del material antidisturbios.

"La señora Áñez y sus excolaboradores deben explicar ante la Fiscalía General las razones y circunstancias de la aprobación de los decretos", ha señalado el Ministerio de Justicia en su cuenta en la red social Twitter.

"La compra de gases lacrimógenos con sobrecoste millonario en plena pandemia fue justificada con tres decretos supremos (...) que fueron firmados por Jeanine Áñez y su gabinete ministerial. Solicitamos a la Fiscalía General que los convoque a declarar", ha agregado.

Murillo fue detenido la semana pasada en Estados Unidos por el pago de sobornos y blanqueo de capitales, delitos cometidos presuntamente en el marco del caso de la compra del material antidisturbios. El paradero de López, por su parte, no está confirmado, aunque las autoridades bolivianas sospechan que se encuentra en Brasil. También solicitarán la extradición de ambos.

De acuerdo con los datos que maneja el Gobierno de Bolivia, la compra de los materiales en cuestión tuvo un coste de 5,6 millones de dólares (cerca de 4,6 millones de euros), aunque el precio real supondría 3,3 millones (casi 2,7 millones de euros).

Al respecto, el ministro del Interior, Eduardo Castillo, ha señalado este lunes que el sobreprecio de 2,3 millones de dólares (unos 1,8 millones de euros) se destinó a proyecto de construcción en el departamento boliviano de Santa Cruz y que se realizaron cuatro sobornos.

"Gran parte de estos recursos provenientes de la corrupción han sido invertidos en una construcción aquí en el departamento de Santa Cruz, estamos hablando de la construcción del World Trade Center en el Urubó. Así también estamos manifestando que gran parte de los recursos se encontrarían en la inmobiliaria El Dorado", ha detallado el ministro, recoge 'La Razón'.

Castillo ha explicado la "ruta del dinero" del 'Caso gases lacrimógenos, como la ha bautizado la prensa boliviana, en el cual el "13 de enero de 2020, el ministro Fernando López intentó realizar un giro, a través de su cartera, de 5,6 millones de dólares a Bravo Tactical Solutions (BTS)".

"Paralelamente, Arturo Murillo viajó a Estados Unidos donde se reuniría con el representante de BTS. Casualmente ese mismo día abre una cuenta bancaria a su nombre y retorna a Bolivia (...). Abren una cuenta en Estados Unidos y tres días más tarde intentan, a través del Banco Central de Bolivia, la trasferencia de 5,6 millones de dólares", ha continuado el ministro del Interior.

El pago que intentaban realizar a la empresa BTS fue rechazado por el Banco JP Morgan Chase Bank, según Castillo, que sigue relatando que "en marzo de 2020 se hace un primer pago de 3,9 millones a través del Banco Central de Bolivia a la empresa BTS y posteriormente, en abril, se transfieren 1,7 millones, haciendo el total de 5,6 millones de dólares. Finalmente, BTS adquiere el material de la empresa Cóndor por el valor de 3,3 millones, obteniendo una diferencia de 2,3 millones de dólares".

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"Este monto, 2,3 millones de dólares era el sobreprecio repartido entre todos y cada uno de los elementos del clan mafioso de la señora Jeanine Áñez", ha arremetido el responsable de la cartera de Interior, que ha denunciado que se realizaron cuatro sobornos con la cantidad producto del sobreprecio.

En este sentido, ha aseverado que, entre el caso, "la buena noticia" es que ya se puede manifestar "al pueblo boliviano que tenemos identificado donde se encuentra el dinero de la corrupción" y ha asegurado que el Ministerio trabajará para "recuperar cada centavo que se le ha robado a Bolivia durante la pandemia".

20 PERSONAS INVESTIGADAS

El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, ha informado este lunes de que, hasta el momento, hay 20 personas investigadas por el caso.

"Tenemos ya 20 personas investigadas, cinco personas aprehendidas y se han llevado a cabo una serie de actuaciones procesales, entre ellas, registros, donde se ha logrado (...) bastante información que se está trabajando", ha dicho, según recoge el diario 'La Razón'. Además de a Murillo y López, las autoridades investigan a sus asesores y demás miembros de las carteras de Gobierno y Defensa. En referencia a los delitos, Lanchipa ha detallado que las autoridades investigan a estas personas por siete delitos en total.

Entre los detenidos, están el exdirector de Logística del Ministerio de Defensa Pedro Rea Simón y el exdirector de Asuntos Jurídicos de la misma cartera Martín López, cuya prisión preventiva ha sido confirmada este lunes por un juzgado de La Paz para seis meses al estar acusado de delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, informa 'El Deber'.

Cuestionado por la prensa si Áñez puede terminar involucrada en el caso, Lanchipa ha respondido que no se puede anticipar este extremo, aunque el material hallado "pude dar lugar a la ampliación de la investigación para otras personas".

Por otro lado, ha confirmado que la Fiscalía ya ha presentado la solicitud de extradición de Murillo, documento que debe trámite debe pasar al Ministerio de Exteriores, cartera que remitirá finalmente la petición a Estados Unidos.

Además, Lanchipa ha remarcado que está "demostrado" que todo el proceso de investigación del caso no es parte de una "persecución política".

SIN COLABORACIÓN DE LA INTERPOL Y LONGARIC

También en el contexto de este caso, el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, ha acusado este lunes a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y al Ministerio de Exteriores al mando de Karen Longaric, bajo el mandato de Áñez, de haber "obstaculizado" la investigación.

"Se ha especulado desde la parte política, de activistas, que la Fiscalía no hubiera dado respuesta inmediata a la comunicación sobre la comisión de un ilícito en la adquisición de los ministerios de Gobierno y de Defensa sobre armamento no letal", ha apuntado Quispe en una rueda de prensa, en la que ha rechazado cualquier retraso de la Fiscalía en las pesquisa, recoge 'La Razón'.

Así, se ha referido a dos "obstáculos" en el proceso, en concreto respecto a dar con el paradero de Murillo y López.

Según ha relatado Quispe, estos se deben a que la Interpol negó la activación de tres sellos azules --para obtener información-- solicitados por la Fiscalía bajo el alegato de que se trataba de una "persecución política" contra la exministros.

"Ha tenido que ser una justicia ajena al Estado de Bolivia (la de Estados Unidos) que ha dado cuenta de estos actos de corrupción y la pretensión de legitimarlos, lo que nos ha dado la razón que como Fiscalía Departamental de La Paz, como Fiscalía General del Estado, no cumplimos ni vamos a cumplir persecuciones de orden político", ha indicado al respecto, para defender que cualquier persecución por parte de la Fiscalía está "fundada en actos de corrupción en la compra de este armamento".

Asimismo, ha apuntado a Longaric, ya que, en sus palabras, la cartera de Exteriores que dirigía obstaculizó el proceso al no poder identificar el destino de Murillo y López. "Las misivas enviadas a la Interpol y la Cancillería no dieron frutos con el fundamento de que sería una persecución política. Esa fue su máxima bandera, lo que nos ha impedido avanzar", ha lamentado.