La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en el sector, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tome "las medidas idóneas" para proteger al magistrado de la Audiencia Nacional que ha investigado el caso Dina y para velar por la independencia judicial.

En un comunicado hecho público este jueves, día en que se reúne la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces, la APM sale en defensa del magistrado Manuel García Castellón, que dirigió un escrito la semana pasada al CGPJ en el que denunciaba la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación contra él en redes sociales y algunos medios de comunicación.

Instructor del caso Villarejo, García Castellón ha investigado en el caso Dina el presunto robo del móvil a una exasesora de Podemos y se dirigió recientemente al Tribunal Supremo para que decida si procede investigar al exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por tres presuntos delitos.

El magistrado denunció ante la Policía mensajes amenazantes que aparecieron contra él en redes sociales, y también se dirigió al CGPJ en un escrito donde alegaba que sufre una situación de indefensión y de descrédito profesional con esta campaña de deslegitimación a través de mensajes que, dijo, eran "amplificados" por dirigentes y "algunos miembros del Gobierno".

La APM dice asistir "con estupor" a la "deslegitimación permanente" del poder judicial por "representantes de organizaciones políticas e instituciones cuando se dictan resoluciones contrarias a sus intereses" y recuerda que la crítica a las resoluciones judiciales "no puede amparar descalificaciones infundadas, que persiguen el descrédito de los jueces".

Censura la "campaña pública" activada en medios y redes, que busca "desprestigiar, personal y profesionalmente" a García Castellón y al poder judicial, y restar "credibilidad y validez" a los argumentos con los que pidió imputar a Iglesias.

Por ello, se suma a la denuncia del magistrado e interpela al CGPJ para que "se tomen las medidas idóneas" para su protección y "para velar por la independencia del Poder Judicial, y por el adecuado y correcto funcionamiento del Estado de Derecho".