Archivan tras 12 años la causa contra ESABE por falta de medios para acreditar los delitos

El juzgado que investigaba desde 2012 a la cúpula del grupo de seguridad ESABE por un presunto fraude millonario a la Seguridad Social ha archivado la causa porque la Inspección no ha podido hacer su informe al no tener medios para analizar una ingente documentación, y después de que la Comunidad de Madrid no haya atendido las peticiones de la jueza.

En un auto fechado el pasado 25 de julio, al que ha tenido acceso EFE, el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid decreta el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, siguiendo el criterio de la Fiscalía, tras recibir un escrito de la Inspección de Trabajo en el que se traslada que no es posible hacer un informe pericial para determinar el volumen del posible fraude, por falta de medios.

La magistrada Purificación Elisa Romero deja claro que esto ocurre después de que el juzgado haya reiterado "en un número ingente de ocasiones, a lo largo de varios años" que la Comunidad de Madrid le dotara de los medios materiales y personales para la obtención de una copia escaneada de la documentación -unos 200.000 folios-, sin lograrlo.

Por eso la jueza decidió en septiembre de 2021 dejar sin efecto esa diligencia y poner la documentación intervenida a disposición de los funcionarios de Inspección de Trabajo para que hiciesen el citado informe, que finalmente han declinado elaborar.

La magistrada explica en el auto, que es recurrible, que hace suyos los "sólidos razonamientos" del fiscal y subraya "la inexistencia de un dictamen pericial que acredite con las suficientes garantías las maniobras defraudatorias que pudieren haber sido llevadas a cabo para eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta por parte de las empresas del holding" entre 2008 y 2012.

Añade que tampoco ha quedado acreditado que el importe de lo defraudado fuera superior a 120.000 euros por cada año, al ser imposible tener un informe pericial debido a "razones de eficacia, de oportunidad, de coste; y de eficiencia, a lo que ha de añadirse además el volumen de la documentación obtenida, que no se encuentra ordenada, ni clasificada, ni foliada".

"Todo ello lleva a que, faltando sustento suficiente y adecuado y que no está justificada la prolongación indefinida de la causa como se indica por el Ministerio Fiscal, que proceda el sobreseimiento provisional de las actuaciones", concluye la magistrada, que destaca que han pasado doce años desde que se abrió el caso.

"Mantener un procedimiento en curso más allá de un plazo razonable es contrario al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que España es parte", añade.

Recuerda la juez que aunque la Policía acusaba a los arrestados de cuatro delitos, entre ellos un fraude de 30 millones de euros al fisco, la investigación judicial se ciñó a dos: delitos contra la Seguridad Social e insolvencia punible.

El juzgado incide en "la gran cantidad de documentación existente, su heterogeneidad y aparente carencia de ordenación y clasificación eficaz", con hasta 250.000 folios, y que los funcionarios de Trabajo deberían trabajar en el juzgado para analizarla.

Esto implicaría que estos funcionarios se dedicaran en exclusiva a este asunto durante un largo período de tiempo "con el consiguiente perjuicio para el servicio público que los mismos tienen legalmente encomendados".

El grupo ESABE contaba en 2012, cuando fue detenida su cúpula, con casi 4.000 trabajadores. Se tratraba de una empresa experta en servicios de seguridad y vigilancia con sedes en todas las Comunidades Autónomas, principalmente con vigilantes en hospitales, polígonos industriales, centros comerciales, líneas de distribución y urbanizaciones.