La sección quinta de la Audiencia de Valencia ha aplazado al 6 de mayo el inicio del segundo juicio al exconseller Rafael Blasco y otros 23 procesados por el desvío de fondos públicos destinados a proyectos de cooperación internacional, con el fin de que las defensas puedan avanzar en un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.

Las vistas se retomarán el 6 de mayo y continuarán el 13, con ambas jornadas destinadas a cuestiones previas, de modo que las declaraciones de los procesados se producirían a partir del 20 de mayo.

En este proceso se enjuician las piezas dos y tres de este caso, en el que se reclaman condenas de 16 años para el exconseller y de entre 2 y 14 años para algunos de sus colaboradores por el desvío de cerca de 5 millones de euros inicialmente destinados a 11 países empobrecidos.

La posición de la mayoría de las defensas (solo dos de las 24 personadas han explicado que no han alcanzado pacto alguno) ha coincidido con la expuesta por el letrado de Blasco, Javier Boix, quien ha asegurado que tenía un acuerdo por escrito con la Fiscalía, cerrado con el anterior fiscal instructor, Vicente Torres.

Según ha explicado Boix, tras la salida de Torres de la Fiscalía (al TSJCV como magistrado) hay una "nueva posición" en el Ministerio Público que obligaría a plantear las defensas de forma diferente a la supuestamente acordada, por lo que ha solicitado más tiempo para negociar un pacto.

En este mismo sentido se han expresado el abogado de César Augusto Tauroni, José Vicente Gómez-Tejedor, y varias de las defensas, quienes han asegurado que tenían acuerdos (verbales en estos casos) con el fiscal y se han ofrecido a exhibir a la sala comunicaciones que lo acrediten.

En respuesta a estas manifestaciones, el fiscal Carrasco ha negado que existiese pacto alguno, ha afirmado que el juicio "parece que será ineludible" y que seguramente ha habido "falta de entendimiento" e "incumplimiento" de los "preacuerdos que hubiesen podido existir con el anterior fiscal" y que tendrían que ver con la falta de consignación económica por parte de los principales procesados para responder a su responsabilidad civil.

Las acusaciones reclaman el reintegro de cerca de cinco millones de euros que los acusados supuestamente detrajeron de las arcas públicas y que deberían haberse destinado a 24 proyectos de cooperación internacional, entre ellos la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto que asoló el país en 2010.

Tanto la letrada de la Generalitat como el de la Coordinadora Valenciana de ONG, que ejercen las acusaciones particular y popular, respectivamente, han argumentado que no han alcanzado acuerdo alguno ni verbal ni por escrito, pero no se han opuesto al aplazamiento de las vistas ni tampoco a las negociaciones orientadas a una conformidad siempre que se recuperasen los fondos desviados.

La llegada de Blasco a los juzgados ha estado envuelta en un coro de protestas y gritos de "ladrón" por parte de una veintena de personas que reclamaban la devolución de los fondos detraídos de proyectos de cooperación internacional y que habían sido convocados por la Coordinadora Valenciana de ONGD.

Blasco fue condenado en 2014 junto a otros ex altos cargos del Consell y demás integrantes de la trama corrupta a seis años y medio por delitos de malversación y falsedad documental en la primera pieza, ingresó en prisión en junio de 2015 y obtuvo el tercer grado penitenciario el pasado mes de enero.