La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, ha pedido a la Fiscalía que archive la investigación que le abrió hace más de un año por colaborar en la organización del referéndum, al considerar que es "desproporcionada" y que ha superado "con creces" el límite temporal máximo en ese tipo de diligencias.

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, la defensa de Madrenas reclama el "archivo inmediato" de las diligencias que se le abrieron en vísperas del 1-O, a raíz de una instrucción de la Fiscalía General del Estado que ordenaba investigar a los más de 700 alcaldes que se habían mostrado dispuestos a ceder locales para celebrar el referéndum.

La instrucción del entonces fiscal general, José Manuel Maza, motivó que el ministerio público citara a declarar a una cincuentena de alcaldes y, transcurridos los seis meses máximos que la ley prevé, las investigaciones se prorrogaron para seguir adelante con las pesquisas.

La alcaldesa argumenta en su escrito que no solo no hay "indicios de los delitos supuestamente imputados" -desobediencia, prevaricación y malversación-, sino que la Fiscalía "ha superado con creces el plazo legalmente establecido por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal".

Respecto a la prórroga, la defensa de Madrenas alega que "no debe ser una simple formalidad, sino que debe adecuarse a la necesidad y debe justificarse la imposibilidad de haberse podido finalizar la investigación en el plazo de seis meses", por lo que tiene que tener un carácter "extraordinario".

En este caso, sin embargo, añade Madrenas, "no solo han sobrepasado los seis meses fijados como máximo de las diligencias de investigación, sino también el plazo de un año en el hipotético caso que se haya solicitado, justificado y acordado una prórroga".

Para la defensa de la alcaldesa, la Fiscalía ha actuado "realizando prospecciones inquisitivas y asumiendo competencias que no le correspondían", ya que hay otras diligencias judiciales abiertas por los preparativos del 1-O, por lo que el escrito advierte: "Nos encontramos ante una parainstrucción que no pertenece a nuestro ordenamiento procesal".

Según Madrenas, la investigación de que está siendo objeto es "totalmente desproporcionada", derivada de una instrucción de la Fiscalía General que perseguía únicamente "criminalizar a cientos de cargos electos" que apoyaron el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.