Borja Méndez

Grupos reducidos de personas, uso obligatorio de mascarilla o distancia entre los participantes son algunos de los requisitos para poder celebrar una manifestación en Madrid, protestas que se han reducido a la mitad desde el pasado mes de marzo en comparación con los datos del año pasado.

Unas 120.000 personas acudieron a la manifestación del 8M en Madrid, la última gran concentración que se recuerda en la capital antes del coronavirus.

Desde el inicio de la pandemia las autorizaciones de la Delegación del Gobierno para poder celebrar este tipo de eventos pasan por unos filtros más restrictivos.

Según las cifras del departamento de José Manuel Franco, desde el 8 de marzo, fecha de la última gran concentración por el Día de la Mujer, hasta el 12 de octubre se han celebrado 692 manifestaciones en la capital.

En el mismo periodo del año pasado Madrid acogió 1.567 protestas, por lo que la reducción es de más de la mitad (un 55,84 %).

A pesar de la situación sanitaria actual, el derecho de reunión es irrevocable y por ello los técnicos miran al detalle que cada solicitud cumpla con las restricciones antes de recibir la autorización.

Entre las medidas que solicitan está el uso obligatorio de la mascarilla, la distancia de al menos metro y medio entre los asistentes y un número limitado de personas, según el área donde se celebre la manifestación.

LA MAYORÍA CUMPLEN

El objetivo es evitar que se reproduzcan imágenes como la del pasado 16 de agosto en la Plaza de Colón, donde miles de personas se manifestaron contra el gobierno criticando el uso obligatorio de la mascarilla.

Fueron multadas 31 personas por no respetar las medidas sanitarias y también los organizadores del evento, ya que no respetaron lo que constaba en su solicitud.

Dos semanas después, los negacionistas intentaron repetir la escena en el mismo lugar pero contaron con la negativa de la Delegación del Gobierno en Madrid.

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Sin embargo ésta no es la tónica general. La mayor parte de las concentraciones que se realizan en la capital cumplen con las medidas sanitarias, según informan a Efe fuentes policiales.

La Policía Nacional centra sus esfuerzos en vigilar que los convocantes no incumplan la normativa. Si comprueban algún problema, primero lo comunican a los organizadores y si se reitera la situación les instan a disolver la concentración.

El pasado 24 de septiembre los agentes tuvieron que actuar en una manifestación en Vallecas contra las restricciones a la movilidad impuestas por la Comunidad de Madrid con cerca de 300 personas que llegaron a cortar el tráfico en la zona cercana a la Asamblea de Madrid, algo que no estaba autorizado ni comunicado a la Delegación.

Cuatro jóvenes fueron detenidos y hubo seis heridos.

ALTERNATIVAS EN COCHE

Para aumentar el numero de personas que pueden participar en protestas, el partido político de Vox ha optado por utilizar una nueva modalidad de manifestación: montados en coche y con discursos a través de plataformas online.

La formación de Santiago Abascal ha repetido este modelo en dos ocasiones: el 23 de mayo y el 12 de octubre para criticar la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Para la primera concentración sí que pidieron autorización a la Delegación del Gobierno en Madrid, algo que no solicitaron para celebrada del Día de la Hispanidad.

Sin embargo, la Policía Nacional diseñó un operativo de vigilancia para conjugar estas marchas con el correcto funcionamiento de la circulación en las calles por donde circulan los asistentes.

Más de 3.000 vehículos acudieron a la cita que acabó con la reunión de 500 personas en la Plaza de Colón, según los datos de la Delegación del Gobierno.

A la misma hora, pero de forma mucho más reducida, en la Puerta del Sol decenas de enfermeros se concentraron para protestar contra la precariedad laboral que sufre su sector respetando la distancia social y con mascarilla.