El juzgado de instrucción de Murcia que investiga el caso Novo Carthago de presunta corrupción urbanística ha acordado abrir juicio oral contra ocho investigados, entre ellos los exconsejeros del PP Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, del Gobierno presidido por Ramón Luis Valcárcel.

En un auto notificado este viernes da tres días a los acusados, entre los que figuran otros cuatro ex altos cargos de la administración regional, para que designen abogado y procurador, con la advertencia de que de no hacerlo se les nombrarán unos de oficio.

Las diligencias investigan una presunta corrupción urbanística en torno al proyecto de construcción en una parcela de 565 hectáreas de 10.000 viviendas, un campo de golf y hoteles de lujo en Lo Poyo (Cartagena), que incluía terrenos con protección medioambiental junto al mar Menor.

En su reciente escrito de acusación, el fiscal atribuye a Cerdá, extitular de Agricultura y Agua, los delitos de falsedad y prevaricación, por los que reclama tres años y medio de prisión y de inhabilitación y una multa de 14 meses con una cuota diaria de 30 euros.

Para Bascuñana, entonces consejero de Urbanismo y Obras Públicas, solicita por prevaricación seis años y medio de inhabilitación.

Están acusados por la fiscalía de haber participado en la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales y actuaciones derivadas de ella para hacer viable el proyecto urbanizador con la recalificación de los terrenos afectados.

También irán a juicio varios ex directores generales del Gobierno autonómico, entre ellos el del Medio Natural, Carlos Brugarolas, el de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, y el de Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero.

Se sentarán además en el banquillo de los acusados el ex subdirector general de Urbanismo José María Ródenas y el asesor jurídico de este departamento Luis María Romero, junto con la asesora personal de Cerdá, María Antonieta Fernández.

Las diligencias fueron abiertas en 2009 y que en 2013 fueron elevadas al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia dado que Cerdá estaba entonces aforado hasta que dimitió de su cargo, lo que supuso que las diligencias volvieran al juzgado de origen.