Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, ha cuestionado la competencia del Supremo en el caso del "procés" dado que hay precedentes similares como el del expresidente catalán Artur Mas con la consulta del 9N en el que nadie se planteó que debía ser el alto tribunal quien le juzgase.

"Con Mas nadie nos planteamos que la competencia era del Tribunal Supremo", ha señalado Pina al tribunal de siete jueces, presidido por Manuel Marchena, que hoy analiza las cuestiones previas en el Tribunal Supremo, el último paso para enfilar el juicio del "procés".

Para fundamentar su petición de que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quien juzgue a Oriol Junqueras y al resto de acusados, Pina ha recordado el caso de Mas, que fue juzgado por el tribunal catalán y a quien justamente ayer el Supremo le rebajó la condena de inhabilitación a 1 año y un mes por el 9N.

La principal tesis del abogado del exlíder de ANC y de los exconsellers -los tres en prisión preventiva y huelga de hambre- es que todos los hechos se han cometido "claramente en Cataluña" y aquellos que tuvieron lugar en el extranjero y que la Fiscalía menciona en su escrito de acusación son "actos preparatorios" que no integran el delito de rebelión.

"Comprar urnas, abrir páginas web, realizar campañas publicitarias, contratar observadores internacionales o preparar censos de votantes no son elementos integradores del delito de rebelión y sedición; son, en el mejor de los casos, actos preparatorios", ha apuntado el letrado.

En cuanto a la malversación, Pina ha defendido que no hay "ni una sola referencia (en los escritos de acusación) sobre hechos personales que hayan realizado cualquiera de los acusados del pretendido delito".

Pero en el caso de que puedan ser responsables del mismo, ha recalcado Pina, el acuerdo del anterior Gobierno de la Generalitat en el que se autorizaba a los diferentes departamentos a realizar las gestiones para celebrar el referéndum del 1-O se adoptó en Cataluña.

"Aunque fueran ciertos, que los negamos, todos esos actos que se imputan en el exterior y que por dejación de funciones los miembros del Gobierno (catalán) ordenaron (...) se realizaron en Cataluña", ha añadido.

Todo ello teniendo en cuenta que la malversación de fondos afectaría, a su juicio, únicamente al patrimonio de Cataluña.

Además, de celebrarse el juicio en el TSJC, sus defendidos podrían expresarse sin problema en catalán, una solicitud que planteará al Tribunal Supremo en el caso de que se declare competente para enjuiciar el caso.

Con todo, aunque ha confesado tener "poca confianza" en que la Sala estime sus argumentos, Pina ha pedido al tribunal que ponga "en una balanza qué es mejor, si hacer el juicio aquí o en el TSJC, e intentar no vulnerar los derechos fundamentales" de los acusados.