El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana seguirá adelante, este 2021, con el calendario que puso en marcha en 2018 para liberalizar el peaje de las autopistas.

En los próximos meses serán liberados y pasarán a ser gestionados por el Ministerio que dirige José Luis Ábalos, 640 nuevos kilómetros: dos nuevos tramos de la AP-7 - los que van entre Tarragona y La Jonquera y el tramo entre Montmeló y el Papiol. Bajará sus barreras de pago la autopista AP-2 Zaragoza-Mediterráneo -entre Zaragoza-El Vendrell-. La C-32 -que une Barcelona con Lloret de Mar-, y C-33 -Barcelona-Montmeló-, va a pasar a ser competencia de la Generalitat de Cataluña.

Desde diciembre de 2018 ya han quedado libre de peaje 467 kilómetros entre la AP-1 la Autopista del Norte que une Armiñán con Burgos; la AP-4, que enlaza las ciudades de Sevilla y Cádiz, y tramos de la AP-7 como el que discurre entre Alicante y Tarragona.

Por otra parte, seguirán siendo de pago los tramos de Crevillente-Cartagena y Cartagena-Vera, así como los de Torremolinos-Guadiaro y Benalmádena-Estepona de la AP-7 y la autopista de Circunvalación de Alicante; la AP-41 Madrid-Toledo; la AP-46 Alto de las Pedrizas-Málaga; la AP-9 entre Ferrol y la frontera de Portugal o la AP-53, la autopista Central de Galicia que une Santiago de Compostela con el Alto de Santo Domingo. Este último tramo, el de la autopista gallega, no estará libre de peaje hasta el año 2074 -puede que ni usted ni yo lo conozcamos-.

El dejar de pagar por circular por las autopistas, no nos equivoquemos, no nos va a salir gratis a los conductores. Al Ministerio de Transportes le supone un incremento de alrededor de 5.000 millones que deben salir de su presupuesto. Presupuestos que se nutren, entre otras fuentes de financiación, de los impuestos que pagamos los ciudadanos y puede que también de una tarifa que ahora no existe, pero que puede ser una realidad en poco tiempo: pagar por circular por las autovías.

¿Autovías de pago?

El déficit anual generado por la reversión de las autopistas alcanza ya casi los 1.000 millones de euros, debido a la pérdida de recaudación fiscal y al aumento del gasto de conservación de los 1.907 kilómetros revertidos de los que se ocupa el Estado en los últimos tres años. Es la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), el importe que por contrato el Estado debe abonar a las empresas que construyeron las autopistas para compensarles la inversión que realizaron y que no han tenido tiempo de recuperar durante el tiempo en que las explotaron.

Estas empresas, bancos, los fondos que se quedaron con la deuda y el sector concesional estiman un importe mucho mayor para la factura de estas vías, por encima de 5.000 millones, casi el doble del tope máximo de 3.305 millones fijado por la fórmula aprobada por el Gobierno y casi triplica a la estimación de 1.800 millones que el Ejecutivo reflejó enel Plan Presupuestario que envió a Bruselas en 2020.

Está claro que la Administración, en este caso el Ministerio de Transportes, necesita dinero para poder pagar la factura. ¿De dónde puede salir ese dinero?

De momento es un globo sonda, si estuviéramos en agosto diríamos que una serpiente de verano, pero puede que a no tardar mucho tiempo sea una realidad: pagar por el uso de las autovías. Una idea que puso sobre la mesa el secretario de Estado del Ministerio de Transportes Pedro Saura durante un acto del Consejo General de Economistas. Eso sí, el responsable ministerial aseguró que la medida, que está en marcha en gran parte de los países europeos, deberá contar con el mayor consenso político, económico y social.

Lo que sí advertía el secretario de Estado, tanto al resto de fuerzas políticas, como a la sociedad y al sector del transporte es que no podemos obviar que "una vez las autopistas pasan al control del Estado, los gastos de conservación de las carreteras también pasan a formar parte de los gastos incluidos en las cuentas públicas" y ya que no hay consenso para mantener el peaje "habrá que plantear distintas fórmula para llevar a cabo la conservación de las carreteras".

14.130 kilómetros de autovías = 12.649 millones de euros por tarifación anual

La introducción de peajes en la red de 14.130 kilómetros de autovías actualmente libres de pago en España generaría unos ingresos de 12.649 millones de euros anuales por tarificación, según la patronal de la construcción Seopan.

Solo Hacienda, según la patronal de la construcción partidaria de pagar por el uso de las autovías, ingresaría 4.700 millones de euros por IVA, Impuesto de Sociedades e IBI cada año, mientras que el conjunto de las Administraciones Públicas obtendrían un pago inicial de 5.614 millones de euros y uno anual de 4.827 millones de euros durante un periodo de 25 años, así como un ahorro de 850 millones en conservación.

La posible puesta en marcha de esta tarifación se estudia dentro del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte que Ábalos quiere llevar al Consejo de Ministros antes del verano y en la Estrategia Española de Movilidad Sostenible con la que se atendería a las recomendaciones de la OCDE que ha pedido a los gobierno de la Unión Europea que pongan en marcha fórmulas impositivas para reducir el uso del automóvil de combustión. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico propone un peaje inteligente, como por ejemplo que se tuviera que pagar en función de los kilómetros recorridos durante el año, y un peaje por el uso de las carreteras para concienciar a los conductores de las consecuencias medioambientales del uso del automóvil.

"Hacernos trampas al solitario"

El debate está servido. ¿Habrá nuevos peajes? Ya saben que cuando el río suena... Y eso es lo que temen en la Confederación Española de Transporte de Mercancías, que sería uno de los sectores más perjudicados puesto que se pasan el día en la carretera.

Dulsé Díaz Fresno, secretario general adjunto de la CETM advierten en cope.es que si se pusiera en marcha este tipo de peaje, "evidente el transporte de mercancías por carretera sería uno de los más perjudicados, pero estamos absolutamente convencidos de que la implantación de nuevos peajes tendría efectos negativos inmediatos en la competitividad de toda la economía española, encareciendo el precio de nuestros productos, dificultando su exportación como consecuencia de nuestra situación periférica y lastrando la producción y el consumo".

"Liberar las autopistas de peaje a medida que vayan venciendo las concesiones es un compromiso del Gobierno. Liberarlas ahora para ponen un peaje más adelante es hacernos trampas al solitario" advierte Díaz Fresno que discrepa de la patronal de la construcción al asegurar que "con los impuestos que se pagan hay de sobra para la conservación y el mantenimiento de nuestras carreteras".

¿Es una nueva forma de hacer caja? "Sin duda tiene un afán recaudatorio. El transporte por carretera ya contribuye a las arcas del Estado con más de 11.000 millones de euros anuales procedentes del pago del impuesto especial de hidrocarburos y que sirven, no solo para pagar sobradamente por las infraestructuras que utilizamos, sino también para hacer frente a todo tipo de gastos corrientes como, entre otros, la educación y la sanidad" insiste el secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías.

Hagamos un ejercicio de futurismo, si finalmente se impusiera ese peaje en nuestra red de autovías, ¿deberíamos los conductores, los transportistas, exigir que las carreteras estuvieran en perfectas condiciones? "Vuelvo a incidir en que ya se paga suficiente para que las carreteras estén en las condiciones adecuadas. El problema es cuando los políticos deciden gastarse lo recaudado en estaciones de AVE sin pasajeros o aeropuertos sin aviones en lugar de hacerlo en estas infraestructuras".

Nada más que añadir.