¿Qué es la moratoria del alquiler y quién puede pedirla?

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la prórroga de los contratos de alquiler y los aplazamientos o reestructuraciones de deuda, para arrendatarios de grandes tenedores de vivienda. Esta medida ha sido prorrogada en varias ocasiones por el Gobierno y ahora lo vuelve a ampliarla hasta el final del Estado de Alarma el 9 de Mayo.

En la práctica significa que los inquilinos a quienes les finalice en estos meses el contrato de arrendamiento y estén en situación de vulnerabilidad o tengan dificultades para buscar activamente otra vivienda, podrán solicitar al propietario y éste tendrá que aceptar , la continuación del alquiler con las mismas condiciones. Es decir no se podrá dar por finalizado, ni subir el alquiler, ni cambiar ninguna cláusula.

Esta ampliación y la del aplazamiento o reestruración de deuda para arrendadores de viviendas de grandes tenedores o entidades públicas son fruto de una larga neogociación entre los socios de gobierno y llegan después de la prohibición de desahucios si los okupas no han ejercido violencia o intimidación.

SE TRIPLICAN LOS IMPAGOS DURANTE LA PANDEMIA

El Gobierno asegura que se trata de garantizar el derecho a la vivienda con equilibrio entre arrendador y arrendatario y un marco justo y razonable para el inquilino en un contexto en que la movilidad está condicionada o reducida por la pandemia y las rentas están afectadas por la crisis. Pero el 96 % de los pisos en alquiler en España son de pequeños propietarios. Lo reconocía la propia vicepresidenta económica Nadia Calviño hace unos meses, y la mayoria tiene en el alquiler un complemento a sus ingresos.

La asociación de propietarios de viviendas en alquiler Asval apunta que no se soluciona el problema de los inquilinos ni de los propietarios, a los que se daña severamente. Denuncian que se deja caer sobre los pequeños arrendadores el coste de la crisis y desvelan que durante la pandemia se han triplicado los impagos pasando del 5% al 10%. Solicitan un fondo de 700 millones para ayudas directas a quienes no pueden pagar el alquiler por la crisis para que el gasto de estas personas en la vivienda no suponga más del 30% de sus ingresos y políticas de vivienda social.