La aerolínea Plus Ultra ha defendido este miércoles que ha sido "totalmente transparente con los datos, procesos y requerimientos" para acceder a la ayuda de 53 millones en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Asimismo, la compañía ha manifestado que colaborará "plenamente" con el juzgado de Madrid en el que se instruyen las diligencias contra el que fuera presidente en funciones y actual vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y el consejo de administración del organismo por presunta malversación en el rescate.

Tras conocerse la noticia, desde Plus Ultra han reiterado que se sienten "absolutamente tranquilos con el exhaustivo y escrupuloso cumplimiento de los requisitos establecidos por la SEPI en todos y cada uno de los puntos".

La aerolínea insiste en que "el banco de inversiones Daiwa Corporate Advisory, la consultora Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea -AESA-, todas ellas entidades independientes (...), dieron un veredicto favorable a la concesión de las ayudas públicas".

De hecho -prosigue- la petición contó además "con la consultora PwC para elaborar el 'Corporate Review' en el que se comprobaba si todos los puntos requeridos por la SEPI quedaban cumplimentados en el plan presentado".

Plus Ultra ha anunciado que colaborará "plenamente" en la causa "con el objetivo de que se clarifiquen todos los puntos que se consideren necesarios y con el convencimiento de la correcta actuación de la SEPI y de la compañía en la tramitación y resolución del expediente del apoyo financiero".

Las pesquisas parten de una denuncia del sindicato Manos Limpias, admitida a trámite por el juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

Además de Lora, entre los miembros del consejo de la SEPI figuran cuatro secretarias de Estado, Esperanza Casteleiro (Defensa), Inés María Bardón (Hacienda), Sara Aagesen (Energía) y Ana de la Cueva (Economía y Apoyo a la Empresa).

También figuran el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco, la directora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Isabel Valldecabres, y el director del Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno.

El proceso de instrucción está aún en su fase inicial, y aunque la jueza ha solicitado documentación con relación a la denuncia, aún no ha llamado a nadie a declarar en calidad de investigado ni testigo. EFE