Los contribuyentes de un municipio solo tendrán derecho a las bonificaciones en el IRPF previstas en la Ley por el Derecho a la Vivienda si su comunidad autónoma lo declara zona de mercado residencial tensionado con el procedimiento y requisitos que marca la ley, según el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros.

En caso contrario, aunque un ayuntamiento quiera la declaración de zona tensionada y cumpla los requisitos, los incentivos fiscales y contractuales no serán de aplicación para sus ciudadanos, han confirmado fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

"La comunidad autónoma no está obligada a declarar zona tensionada, es algo que se faculta a hacer, pero si la comunidad autónoma no lo activa no se declara el área tensionada", señalan desde el ministerio.

Para incentivar a los pequeños propietarios en las llamadas zonas tensionadas, el texto establece una bonificación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 90 % del rendimiento neto si estos rebajan un 5 % el precio de sus alquileres respecto a la última renta del anterior contrato.

La reducción general será del 50 % y llegará al 60 % en caso de viviendas rehabilitadas en los dos años anteriores y del 70 % para el contribuyente que alquile por primera vez su vivienda a jóvenes de entre 18 y 35 años.

Si la comunidad autónoma no acepta la declaración de zona tensionada, tampoco se activarán las garantías contractuales para los inquilinos de la ley estatal, entre ellas las prórrogas anuales con el mismo precio y condiciones del último contrato.

En el ministerio recuerdan que la competencia en materia de arrendamientos urbanos las tiene el Estado en exclusiva, por lo que en ese ámbito -dicen- las normativas autonómicas "tienen que estar ajustadas a lo que el Estado regule".

No obstante, las comunidades y ayuntamientos pueden declarar áreas tensionadas en virtud de criterios distintos a los estatales (que en esa zona la renta de alquiler supere el 30 % de los ingresos medios por hogar y que en los últimos cinco años haya subido cinco puntos por encima del IPC de esa comunidad), aunque con ello "no activarán los mecanismos que prevé la ley".

"Si los ayuntamientos o comunidades autónomas quieren hacerlo para establecer beneficios fiscales dentro de sus tributos autonómicos o locales, líneas de ayudas, promoción de viviendas o mayor dotación presupuestario pueden hacerlo", señalan las fuentes.

Por el momento, las cinco comunidades autónomas con gobiernos del PP ?Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia? han anunciado que no aplicarán la ley estatal, cuya fecha de aprobación definitiva está prevista para el segundo semestre de 2022.EFE

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