José Manuel Corrales, experto laboral: "La norma no puede suponer una carga para las familias; las multas deberían ser para las infracciones más graves"

Desde este mes de noviembre, los empleadores que tengan contratada a una persona para el servicio doméstico se enfrentan a multas de hasta 49.180 euros si no disponen de un informe de riesgos laborales. Da la casualidad que esta nueva obligación, explica Victoria Ballesteros, redactora de Economía de COPE, coincide con un ataque malicioso que ha dejado fuera de servicio la web habilitada por el Ministerio de Trabajo para realizar el trámite, justo un día antes de que finalizara el plazo oficial.

¿En qué consiste la nueva obligación?

La normativa exige a las familias realizar una evaluación de riesgos laborales a través de la plataforma web 'prevencion10.es'. El proceso consiste en un cuestionario sobre las tareas de la persona trabajadora y las características de la vivienda. 

Tras completarlo, se genera un documento denominado 'Plan de prevención de riesgos laborales' que deben firmar ambas partes y conservar por si lo requiere la Inspección de Trabajo.

Aunque el plazo de seis meses para cumplir con el trámite finalizaba este mes, la web oficial ha sufrido problemas de acceso. El Ministerio de Trabajo informó inicialmente de que se debía a una sobrecarga, pero finalmente ha confirmado que se trata de un ataque informático malicioso. Por lo pronto, el ministerio ha informado de que trabaja para restablecer el servicio y ha facilitado un correo electrónico y un teléfono para resolver dudas.

Sanciones y cargas burocráticas

El problema es que el incumplimiento de esta normativa puede acarrear sanciones importantes. Las infracciones leves se mueven en una horquilla de 45 a 2.450 euros, mientras que las graves pueden ascender desde los 2.451 hasta los 49.180 euros. No disponer del plan firmado o no aplicar las medidas preventivas son motivos de sanción.

En este sentido, Jose Manuel Corrales, experto en relaciones laborales y recursos humanos de la Universidad Europea, ha señalado en COPE que la medida "no puede suponer una carga burocrática para las familias" y ha añadido que "las sanciones solamente se deben implementar en aquellos casos de mayor gravedad".

Las sanciones solamente se deben implementar en aquellos casos de mayor gravedad"

 Jose Manuel Corrales

Experto en relaciones laborales

Un sector precarizado

Esta nueva regulación afecta a un colectivo altamente feminizado y precarizado. Según datos del Ministerio de Trabajo, en España hay unas 348.000 mujeres afiliadas en el sistema especial de empleadas de hogar. 

Sin embargo, la Encuesta de Población Activa (EPA) eleva la cifra a 463.600 personas, lo que sugiere que casi una cuarta parte del colectivo, unas 115.600 personas, trabaja sin estar dada de alta en la Seguridad Social.

La obligación llega, además, en un momento delicado para el sector, que ha perdido 40.000 ocupados en los últimos cinco años. 

La normativa también contemplaba medidas como formación en prevención y reconocimientos médicos voluntarios, pero su aplicación está supeditada al desarrollo de estos servicios por parte del SEPE y el sistema sanitario público.

OBLIGACIONES

 Los empleadores deben entregar sin coste alguno a sus trabajadores todos los instrumentos y medios necesarios para que puedan realizar sus tareas correctamente, así como sustituirlos cuando sea necesario.

 Además de esta obligación, la normativa incorporó la realización de formaciones en materia de prevención y la posibilidad de someterse a exámenes de salud de carácter voluntario. No obstante, ambas actuaciones quedaron condicionadas a que el SEPE pusiera en marcha los cursos correspondientes y a que dichos reconocimientos médicos pasaran a formar parte de los servicios sanitarios básicos.