El Gobierno compra pisos para alquiler asequible y estudia penalizar a los caseros que suban la renta
La entidad Casa 47 destinará 100 millones a la adquisición de viviendas mientras se negocia un 'castigo' fiscal en el IRPF para las subidas al final del contrato
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez
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La Entidad Estatal de Vivienda Casa 47, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha aprobado una convocatoria pública de 100 millones de euros para la adquisición de viviendas privadas en toda España.
Según informa Europa Press, el objetivo es que estos inmuebles se incorporen al parque público estatal y se destinen a la ciudadanía en régimen de alquiler asequible.
La compra de una casa
¿Cómo funcionará la compra de viviendas?
Los interesados podrán presentar sus propuestas en la Plataforma de Contratación del Sector Público durante un periodo de cuatro meses.
La convocatoria priorizará las ofertas situadas en zonas de mercado residencial tensionado, es decir, donde los hogares destinan más del 30% de sus ingresos a la vivienda. También se valorará positivamente la oferta de bloques completos de pisos.
El precio de compra se fijará como el menor entre el ofertado, la tasación y el precio medio del Portal Estadístico del Notariado.
De esta forma, el Estado asegura que nunca pagará por encima del mercado real. Si una oferta supera el precio máximo tasado, el vendedor tendrá un plazo para aceptar el importe inferior o la propuesta será retirada.
¿Qué requisitos deben cumplir los pisos?
Se admitirán viviendas en altura, con un tamaño de entre 40 y 120 metros cuadrados, que necesiten reformas limitadas, cuya obra no supere los seis meses de duración.
Quedan excluidas las viviendas con protección pública (VPO) y los inmuebles deben transmitirse libres de cargas, arrendatarios u ocupantes. El edificio deberá contar con ascensor si el piso está en la cuarta planta o una superior.
Una pareja compra una casa
El debate fiscal sobre el alquiler
En paralelo a este plan de adquisición, el Gobierno estudia otras vías para intervenir en el mercado. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que se está negociando con los grupos parlamentarios utilizar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para penalizar a los caseros que suban los precios de los alquileres al finalizar el contrato en las zonas tensionadas.
Esta medida se complementa con los incentivos ya vigentes en la Ley por el Derecho a la Vivienda. La normativa actual premia con una reducción de hasta el 90% en el IRPF a los propietarios que decidan bajar el precio del alquiler un 5% en un nuevo contrato dentro de una zona tensionada.
El sector inmobiliario, por su parte, ha advertido de una situación crítica. La presidenta de la patronal de promotores de Madrid (Asprima), Carolina Roca, ha asegurado que el país se encuentra en una emergencia social y ha reclamado seguridad jurídica.
En la misma línea, Donato Muñoz, consejero delegado de Cevasa, ha lamentado que "los alquileres protegidos son 'excesivamente caros por la sobrecarga de impuestos'".
Los alquileres protegidos son "excesivamente caros por la sobrecarga de impuestos"
Las cifras respaldan esta preocupación, ya que, según Amalia López, directora de Inversión de Azora, la producción de vivienda ha caído un 83% desde 2006. Se estima que España necesitará más de tres millones de viviendas de alquiler en los próximos quince años, lo que exigiría una inversión de 540.000 millones de euros.
Ante las dudas sobre la actualización de las rentas, el abogado inmobiliario Alberto Sánchez ha aclarado que un propietario puede actualizar el IPC de los últimos cinco años de golpe en la nueva mensualidad.
Sin embargo, ha hecho un matiz importante: "no puede reclamar las cantidades no cobradas de forma retroactiva".
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.