La deuda de la Generalitat catalana con las empresas de VTC (vehículos de alquiler con conductor) que han dejado de operar tras el decreto que limita su actividad alcanza casi los 40 millones de euros, según un cálculo realizado por la asociación Unauto VTC, que aglutina al 90 % de compañías del sector en España.

La asociación asegura que cada día que sigue en vigor el decreto aprobado por el Gobierno catalán, que impone un margen de quince minutos para precontratar los servicios VTC, la Generalitat contrae una deuda de 960.000 euros con las empresas y autónomos que han dejado de operar en Cataluña.

Para ilustrarlo, Unauto ha elaborado un contador en su página web en el que puede verse en tiempo real el montante de la deuda que dicen que la Generalitat mantiene con las empresas VTC y que este jueves alcanza la cifra de 39,7 millones de euros.

"Es una forma gráfica de mostrar el tremendo impacto que tiene que el Govern haya cedido al chantaje de los taxistas", afirma el presidente de la entidad, Eduardo Martín, quien sostiene que el sector aportaba 120 millones de euros anuales a las cuentas catalanas antes de la regularización, que entró en vigor el pasado 1 de febrero.

Entonces empresas como Uber o Cabify anunciaron su retirada de Cataluña, aunque la segunda decidió volver a operar poco después con una fórmula que esquiva los límites de precontratación.

Cabify solicita a sus usuarios que suscriban un contrato gratuito de un año prorrogable con el que sólo se mantiene el margen de quince minutos en la primera reserva, pero no en las siguientes.