En los últimos días, los líderes empresariales repiten el mensaje de que mejor ir a unas nuevas elecciones generales que un Gobierno inestable, con Podemos dentro. Quizá tienen razón, pero también es verdad que volver a las urnas supone un arma de doble filo. Primero, porque otros comicios no aseguran que se vaya a aclarar el panorama político. Segundo, porque este escenario añade más incertidumbre en pleno frenazo económico.

Ya son muchos los indicadores que empiezan a ponerse en rojo, a encender la voz de alarma. Las señales las vemos en el mercado laboral, con las exportaciones, en las cifras que llegan de la industria o del turismo. La actividad se ralentiza y lo hace más rápido de lo previsto inicialmente tras la revisión que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística. Hasta el punto de que ahora parece complicado que se pueda cumplir la previsión de crecimiento del PIB del 2,2% que maneja el Gobierno para este año. También se da por hecho ya que no cumpliremos el objetivo de déficit público, ni siquiera el suavizado del 2% del PIB.

SIN DECISIONES, PARA BIEN O PARA MAL

Unas nuevas elecciones prolongan la incertidumbre. Añaden varios meses más de parálisis y eso impide tomar decisiones en medio de una guerra comercial, con Brexit duro a la vuelta de la esquina. Por ejemplo: 2020 volverá a empezar con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados. No los de este año, que no ha habido, sino los de 2018, los de Montoro que se estiran como un chicle. ¿Es un problema? A corto plazo, no porque no se añade más gasto pero también es verdad la situación económica no es la misma que entonces y que eso complica la adopción de medidas para hacer frente a lo que viene. Las nuevas cuentas públicas no se abordarán hasta bien iniciado el próximo ejercicio.

Sin Gobierno las pensiones sólo subirán un 0,25% el próximo año. Los jubilados no volverán a ver incrementada su nómina con el IPC como el los últimos ejercicios porque se necesita un decreto ley. Por supuesto se retrasa la adopción de reformas, la de Seguridad Social y el resto. Al menos impide dar marcha atrás por ahora en la del mercado de trabajo.

Luego está la asfixia de las comunidades autónomas. Un Ejecutivo en funciones no puede actualizar el reparto de fondos o compensar el IVA y eso supone bloquear el reparto de unos 7.000 millones de euros a las regiones. Muchas ya están sufriendo problemas de tesorería y han comenzado a retrasar pagos a sus proveedores. Hacienda mantiene que sigue estudiando la fórmula para transferir ese dinero. De momento ha lanzado un balón de oxígeno a las más necesitadas. Se lo prometió primero al presidente valenciano, Ximo Puig. Ahora tras las quejas del resto, garantiza adelantos de financiación, el abono que lo que denomina extra FLA -Fondo de Liquidez- a todas las comunidades a las que les corresponde.

Todos los expertos coinciden en que el deterioro económico se va a acentuar estos meses, que el panorama que tenemos puede seguir paralizando inversiones hasta ver lo que sale del 10-N. Queda ahora esperar que los mercados no pierdan la paciencia ni la confianza en España.