España ha quedado abocada a la repetición de elecciones después de que el Rey no propusiera ningún candidato ante una nueva investidura tras la ronda de consultas con los diferentes partidos. Este lunes, 23 de septiembre, las Cámaras quedarán disueltas y los españoles tendrán que acudir de nuevo a las urnas el próximo domingo 10 de noviembre. Serán las cuartas elecciones generales en cuatro años, después de las del 20 de diciembre de 2015, el 26 de junio de 2016, el 28 de abril de 2019 y ahora también el 10 de noviembre. 

Pero, ¿cuánto costarán a las arcas públicas unos nuevos comicios?

En Francia, Italia y otros países de la Unión Europea cuentan con sistemas electorales y mecanismos diferentes para facilitar la formación de Gobierno, pero en nuestro país, tocaría volver a votar para elegir un nuevo marco institucional en el Congreso.

Las elecciones generales del pasado 28 de abril, según datos del Ministerio del Interior, costaron a las arcas públicas 138.961.517 euros, 8, 28 millones más de las que tuvieron lugar en junio de 2016. El gasto de los posibles nuevos comicios supondría una cifra parecida, entorno a los 130 millones de euros. 

Esta cuantía sería dividida entre gastos en logística, la Administración Pública, la mayor parte para la Policía y la Oficina del Censo Electoral, Correos y medios de comunicación. Otro importante porcentaje se destina a los partidos políticos para que puedan pagar sus campañas electorales. Eso sí, en unos comicios extraordinarios como estos el gasto en publicidad en marketing se rebaja de forma notable.

Pero, además del gasto provocado por estos comicios, también habría que sumar el coste provocado por los diputados en los tres meses de legislatura fallida. Según datos oficiales, La Cámara Baja supone un coste anual de 29 millones de euros, incluyendo el sueldo de los diputados y los gatos provocados por equipamiento y residencia de los parlamentarios. Al mes supone un cifra cercana a los 1,5 millones de euros, por lo que estos tres meses de “negociaciones” han supuesto al Estado español un gasto de 4, 5 millones de euros.