La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha habilitado un servicio de autobuses lanzadera para unir el aeropuerto de Manises con el centro de Valencia, con el fin de garantizar que los turistas puedan llegar a sus hoteles de destino "compatibilizando" el derecho a la huelga de los taxistas.

El delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, ha explicado que con esta iniciativa se ha dado servicio a los horarios no cubiertos por el transporte público ordinario dependiente de la Generalitat, y esta madrugada se han habilitado nueve autobuses para desplazar a cerca de 400 personas desde el aeropuerto a distintos puntos de la ciudad.

Fulgencio ha señalado que el Gobierno trata de "compatibilizar el derecho a la huelga de los taxistas con el servicio a los ciudadanos", y ha hecho un llamamiento a la búsqueda de cauces de diálogo.

De la misma manera, la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, ha reforzado los servicios de transporte interurbano y de metro en Alicante y Valencia para asegurar el servicio a los ciudadanos, según ha manifestado el director general de Transporte, Carlos Domingo.

En la Comunidad Valenciana es difícil, ha asegurado, determinar cuántas licencias de VTC existen porque las que la Generalitat denegó en cumplimiento de la legislación están recibiendo sentencias en contra y a favor del otorgamiento.

Sobre la reunión prevista con las comunidades autónomas para el miércoles en la Conferencia Nacional del Transporte, Domingo ha expuesto la voluntad de colaborar de la Generalitat Valenciana para favorecer la resolución del conflicto, si bien ha señalado que la "simple" transferencia de competencias a las autonomías "no asegura la resolución" del problema.

Por ello, ha opinado, se requieren medidas para hacer posible la reducción del número de licencias actuales, que hace que la proporción 1/30 no se cumpla, mediante modificaciones legislativas.

Respecto a las licencias de VTC ya concedidas, el director general ha indicado que habrá que ver el margen que deja el Estado para asumir las competencias autonómicas en este sentido y reducir el número de estas licencias.