La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) pide penas de prisión de 6 meses a un año para el delito de usurpación de viviendas y que se refuerce el trabajo de los jueces y policías de cara a agilizar los desalojos.

En concreto, ANA pide para aquellos que ocupen un inmueble una pena de prisión atenuada de seis meses a un año además de la multa de tres a seis meses que recoge la ley.

Asimismo, plantea que los jueces, previa solicitud, admitan una medida cautelar específica sobre el desalojo de la vivienda ocupada antes de empezar los procedimientos.

Con todo ello, se busca dar a los jueces las herramientas necesarias para que puedan aplicar rápidamente las medidas cautelares de desalojo solicitadas en las denuncias, y así evitar, como ocurre algunas veces, que sean tan reticentes en su aplicación, como ocurre ahora, tal y como ha indicado el director general de ANA, José Ramón Zurdo.

Entre las modificaciones legislativas que propone la asociación para hacer frente a este problema, ANA solicita que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan la capacidad de desalojar a los ocupas en los 5 primeros días sin la autorización judicial.

"No es comprensible ni equilibrado que a un ocupa que cometa un delito de usurpación se le condene con una simple multa económica de tres a seis meses, y en cambio a un policía que se exceda en su cometido, por ejemplo, por entrar en un domicilio ocupado sin autorizarlo el ocupante, esté expuesto a quedarse sin su puesto de trabajo", advierte Zurdo.

En este sentido, propone que se refuercen y unifiquen los criterios de actuación en las instrucciones que dicta La Fiscalía General del Estado, para establecer los protocolos de actuación que deben seguir las Secretarias de Estado, de Interior y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.