El Congreso de los Diputados ha aprobado la convalidación del real decreto ley que el Gobierno aprobó a principios de enero para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa europea, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes.

Con 176 votos a favor, 171 abstenciones y un voto negativo de un total de 348 votaciones, la Cámara Baja ha convalidado así el decreto ley de medidas urgentes para adecuar las competencias de la CNMC a las exigencias de derecho comunitario sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido que este decreto ley "pone fin a un periodo marcado en este ámbito por la litigiosidad de incertidumbre jurídica y la mala relación entre instituciones", en alusión al cambio de criterio aprobado por el anterior Gobierno del PP en 2014 por el cual arrebataba a Competencia la fijación de los peajes y cánones que se aplican para establecer las tarifas eléctrica y de gas.

Por ello, la Comisión Europea llevaba desde el año 2016 amenazando con interponer una sanción al Reino de España por no trasponer correctamente las directivas europeas en el ámbito de la regulación energética.

De esta forma, Ribera, quien se comprometió a devolver estas competencias a la CNMC nada más ser nombrada ministra, ha señalado que el Gobierno "ha cumplido con su obligación y con el compromiso adquirido ante la Comisión".

Momentos previos a la votación, la ministra ha dado un ultimátum a la Cámara para que se convalide finalmente un decreto que pondría fin "al incumplimiento arrastrado durante años" o, por el contrario, "daría por buena la que sería una inevitable sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la UE".

Esta convalidación confirma las funciones que, con arreglo al derecho comunitario, corresponden al regulador, como la aprobación de la estructura, metodología y valores concretos de los peajes de acceso de gas natural, electricidad y gas natural licuado, la retribución del operador, las reglas de funcionamiento en mercados regulados o el control de los planes de inversión, pudiendo Competencia hacer recomendaciones.

En ese sentido, Ribera ha destacado que esta nueva norma "facilita la estabilidad y la confianza de los inversores y los consumidores".

EL PP CREE QUE REDUCE LA COMPETENCIA

Por el contrario, el diputado del PP Guillermo Mariscal ha manifestado que esta medida "reduce la competencia y por tanto la competitividad de la economía española y perjudica gravemente al crecimiento industrial".

Mariscal ha atribuido los recientes anuncios de cierre en España por parte de varias multinacionales de la Industria, como los de Alcoa, Vestas o Cemex, a la "incertidumbre continua" que el Gobierno estaría ejerciendo sobre los precios de la energía en el país.

En concreto, ha aludido al recorte del 78% de las ayudas a la industria electrointensiva incluido en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estados (PGE), que finalmente había sido tumbado por la mayoría del Congreso minutos antes.

El diputado del PP también ha arremetido contra el Ejecutivo de Sánchez por haber mantenido "reuniones secretas" con las compañías eléctricas con el fin de alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 44 o 48 años, desde los 40 años que defendía el Gobierno socialista cuando llegó al poder. "Se dieron cuenta que era imposible cumplir con los objetivos si eso ocurría", ha afirmado Mariscal.

RECHAZA TRAMITARLO COMO PROYECTO DE LEY

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha criticado que este decreto "se ha hecho evitando la consulta pública y sin haber hablado nada con nadie", añadiendo que "no es excesivamente ambicioso".

Por esta razón, Rodríguez ha defendido proponer esta vuelta al criterio anterior a través de proyecto de ley. Sin embargo, tras haberse sometido a votación, la propuesta ha sido rechazada por 175 diputados, frente a 173 que han votado a favor.

Por último, la diputada del grupo Unidos Podemos María Rosa Martínez ha incidido en la importancia de que estas competencias vuelvan a la CNMC, debido a que ayudará a la transparencia del sistema, aunque ha urgido a buscar un procedimiento de nombramientos que ahonde en esta transparencia e independencia y ha señalado que sigue faltando atribuirle también la gestión del espacio radioeléctrico.