España gasta entre 6.100 y 6.500 millones de euros anuales en políticas activas de empleo, según el último estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que denuncia "claras deficiencias" y pide una mejor medición de resultados para hacerlas más eficaces.

En la presentación del informe revisión del integral gasto público ("Spending Review") en políticas de empleo, la AIReF ha advertido de la dificultad tanto de evaluar de forma completa los resultados y la eficacia de las distintas políticas, así como de determinar con exactitud la cuantía del gasto y su distribución.

"Los datos suministrados han sido insuficientes y de una calidad mejorable", apuntan desde la entidad, que ha contado para este estudio con información del Servicio Público de Empleo (SEPE) y de las Comunidades Autónomas y entes locales del año 2017.

Los políticas activas de empleo se financian desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que luego transfiere partidas a las comunidades y entes locales encargados de su gestión y que aplican distintos criterios contables.

"Todo ello articula un complejo mapa de financiación (...) La trazabilidad del gasto es insuficiente y los criterios contables no están normalizados", subrayan.

Junto a esto, la AIReF también ha encontrado dificultades para poder evaluar de forma completa la eficacia de todas las políticas de ayudas y formación existentes.

La entidad ha optado así por la evaluación del programa estatal Programa de Recualificación Profesional (Prepara) y de un servicio de Aragón con "buenos indicadores de calidad".

En el caso del Prepara indica que, con un coste de 1.432 millones entre 2012 y 2017 y más de 850.000 beneficiarios, "no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral durante los 6 meses que dura la prestación".

Y ante esto, la primera propuesta de la Autoridad Fiscal es que las comunidades autónomas "realicen evaluaciones de eficiencia y coste-eficacia" de forma periódica y "siguiendo una metodología homogénea y criterios comunes", para lo que ha editado una guía práctica.

Con esta información, añade, se podrán identificar los programas servicios e itinerarios más eficaces para hacer una asignación eficiente de los recursos públicos.

La AIReF también cuestiona en el informe el funcionamiento del sistema de subvenciones para la formación de las oficinas de empleo e incluye una serie de propuestas de mejora como incentivar económicamente a los trabajadores responsables de formar y orientar a los parados en función del cumplimiento de objetivos.

Asimismo, plantea crear una especie de "ventanilla única" en la que los ciudadanos puedan solicitar ayudas o prestaciones sociales y acceder a políticas activas de empleo.

La AIReF destaca en el informe que del total del gasto en España, el 40 % se destina a incentivos a la contratación, muy por encima del de otro países, como Alemania o Finlandia, que han puesto como modelos de gestión más eficaz de estas políticas.

El estudio incluye una medición de la eficacia de los servicios públicos de empleo por Comunidades Autónomas que sitúa a Asturias, Aragón y Cataluña a la cabeza, así como un indicador del gasto por demandante de empleo que coloca al País Vasco con la mayor cuantía.

CCAA GASTO POR DEMANDANTE EMPLEO 2017

País Vasco 97,62 euros

Galicia 59,15 euros

Asturias 57,33 euros

Cataluña 49,80 euros

Castilla y León 46,86 euros

Aragón 45,55 euros

Media 44,59 euros

Extremadura 43,30 euros

Navarra 42,07 euros

Cantabria 39,69 euros

Murcia 39,58 euros

La Rioja 36,25 euros

Canarias 32,61 euros

Valencia 29,84 euros

Baleares 27,77 euros

Castilla-La Mancha 21,25 euros

EFECOM