El pasado mes de abril el Ayuntamiento de Galapagar aprobaba la gestión indirecta de estos servicios sociales, convirtiendo así a Galapagar en el primer municipio de España en adoptar este sistema. El argumento del equipo de gobierno: se abaratan costes sin que ello repercuta en la calidad y cantidad de la prestación, que incluso podrá mejorarse. “Se puede ver tan claramente como que un empleado de Servicios Sociales tiene derecho a sus vacaciones o puede ponerse malo en cualquier momento y una empresa privada puede dar un servicio o hacer algo que una Administración pública no, y es que en ese mismo día ese trabajador pueda ser sustituido. Con eso se consigue que el servicio jamás quede interrumpido. El ciudadano que acuda porque necesita ayuda de urgencia la tendrá aunque su trabajadora social no se encuentre, porque habrá otra persona en su lugar que conocerá el caso y podrá atenderle “, asegura Carla Greciano, portavoz del ejecutivo.   Pero no todos lo ven así y tanto el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales como PSOE e IU, en la oposición, han presentado recursos contra esta decisión del equipo de gobierno, que se refrendó en el mes de mayo.   Aseguran que, en contra de lo que defiende el ejecutivo, que los Servicios Sociales pasen a manos privadas sólo va a acarrear unas peores condiciones laborales para los empleados de este departamento y un servicio más deficiente. “Saldrá más caro y el servicio no será el mismo. La empresa no tendrá interés en solucionar los problemas de las personas que requieran de los Servicios Sociales, sino que cuantos más usuarios vayan, más dinero conseguirá. Queremos que siga siendo un servicio público “, apunta Juan Pretel, miembro de Izquierda Unida.   El Colectivo de Trabajadores Sociales ha calificado esta decisión del equipo de gobierno de Galapagar de “experimento” y alerta sobre el peligro de que pueda convertirse en el pistoletazo de salida para que otros ayuntamientos sigan ejemplo, lo que supondría el desmantelamiento de los Servicios Sociales Públicos y la pérdida de derechos de la ciudadanía por lo que se ha luchado en los últimos 30 años.   También la formación política Equo Sierra de Madrid se ha querido sumar a la protesta y asegura que los antecedentes -el Punto de Violencia de Género de Galapagar- no son buenos.   Para escenificar todo este rechazo, este domingo ciudadanos, asociaciones vecinales, sindicatos y partidos políticos se van a concentrar en la Plaza de la Constitución a las doce de la mañana.