El Defensor del Pueblo ha reclamado un "cambio profundo" para que los menores separados de sus familias sean atendidos por otras familias en acogimiento o adopción antes que en un centro, incentivando el apoyo a esas familias acogedoras.

En el Informe Anual 2017, trasladado hoy al Parlamento, la institución expresa su preocupación porque no se haya plasmado el objetivo de primar el acogimiento en familia de esos menores en situación de desamparo, "predominando las altas en el sistema de protección del acogimiento residencial frente al acogimiento familiar", según las estadísticas.

"El objetivo de reducir sensiblemente el acogimiento residencial a favor del familiar requiere un cambio profundo en las actuaciones administrativas, así como poner en marcha medidas adicionales que incentiven el acogimiento familiar y la adopción", señala el defensor.

Propone "dar más apoyo a las familias acogedoras y el aumento del número de familias capacitadas para acogimientos profesionalizados, especialmente para los casos de niños y adolescentes en situación especialmente vulnerable o con necesidades especiales".

El defensor también plantea la conveniencia de crear un registro único de adopciones para todo el territorio "que permitiera más agilidad y eficacia", una medida que ya está en estudio para implementarse.

Respecto a los derechos de los mayores, expone las dificultades para acceder a una plaza residencial adecuada a las necesidades de los usuarios, tal y como exponen la mayoría de las quejas, junto a las de familiares que denuncian la pérdida de calidad en la atención a los mayores por escasez de personal y medios, sobre todo para atender a mayores con un grado de dependencia cada día más elevado.

El defensor constata que "el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) no tiene capacidad para incorporar en un plazo razonable a las más de 300.000 personas con grado reconocido" y sin prestación.

"Las administraciones públicas están obligadas a consignar crédito suficiente en sus presupuestos para atender las obligaciones derivadas" de la ley de dependencia, advierte la institución.

Lamenta que no se hayan producido avances significativos en la aprobación del nuevo baremo de valoración de la discapacidad, pieza fundamental para acceder a la protección social dispensada por las administraciones públicas.

Recuerda que tampoco se ha avanzado en la aprobación reglamentaria de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad.