Los responsables de la policía autonómica catalana permitieron el referéndum del 1-O pese a haber podido evitarlo y saber que el Constitucional lo había declarado ilegal, según un informe de la Guardia Civil elaborado a partir de los correos electrónicos del exmayor Josep Lluís Trapero. El informe, al que ha tenido acceso El Periódico, se realizó a partir del correo y los documentos recibidos y enviados por Trapero desde el pasado verano y se entregó hace unos días a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que previamente había autorizado su volcado.

Incluye documentos adjuntos en los mencionados correos electrónicos, actas y dosieres internos de los Servicios de Información de los Mossos que, a juicio de la Guardia Civil, constatan que los responsables de la policía autonómica permitieron el referéndum, a pesar de que sabían que era ilegal.

El informe de la policía judicial elaborado a partir de estos correos y documentos, revela que se diseñó una estrategia operativa -el 'Plan Ágora'- destinada a "cubrir apariencias" ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), fiscalía y Ministerio de Interior.

Refleja asimismo que la Prefectura de Mossos señaló que "solo con 40.000 efectivos" (la plantilla total de la policía catalana ronda los 17.000 agentes) se podía impedir realmente un referéndum como el del 1-O y que, a pesar de esa advertencia, se enviaron un par de agentes por colegio, y no se pidió apoyo "en virtud de este cálculo propio de los Mossos".

Además, añade El Periódico, la Guardia Civil señala que Trapero, con apoyo de Prefectura y asesorado por el servicio jurídico del cuerpo autonómico, sostuvo que el 1-O la policía autonómica defendió el orden público y la convivencia y que así justificó la actitud "pasiva, no colaboradora y de permisividad" de los Mossos ante la comisión de un hecho ilícito para, asimismo, tratar de evitar posibles responsabilidades penales.

Añade que en uno de esos informes internos, adjunto a un correo recibido por Trapero el 23 de septiembre, se demuestra que la policía autonómica no tomó ninguna iniciativa ni advirtió a otros cuerpos policiales de que la ANC estaba retirando material relacionado con el referéndum cuando supo que la Guardia Civil podría registrar su sede, a pesar de que la Fiscalía ordenó impedir y notificar cualquier movimiento relacionado con el 1-O.

En este mismo dosier de los Mossos se advertía de que cualquier actuación que tomaran contra los alcaldes de la CUP que desobedecían las llamadas del fiscal, podría "dañar la percepción favorable que tiene la ciudadanía soberanista de este cuerpo policial".

Según El Periódico, todos estos hechos llevan a la Guardia Civil a concluir que existía "connivencia" entre la dirección de los Mossos y los impulsores del referéndum ilegal y que Trapero facilitaba información y documentación "constantemente" a sus superiores políticos, especialmente al exconseller Forn.