Units per Avançar ha presentado hoy su propuesta de "Pacto de Estado Cataluña-España", que pide reconocer la "nación" catalana, "delimitar de forma precisa" el delito de rebelión y sedición, o un sistema de financiación nuevo que permita a algunas comunidades diseñar su propio sistema fiscal.

La propuesta, aprobada hace semanas por el Consejo Nacional de la formación, ha sido presentada en el Parlament en rueda de prensa por el diputado de Units, Ramon Espadaler -integrado en el grupo parlamentario socialista-, el presidente de Units per Avançar, Oriol Molins, y otros dirigentes del partido.

La formación heredera de la extinta Unió considera que "sí hay solución" para la cuestión catalana y, por ello, ha lanzado una propuesta para "concretar con urgencia las bases sobre las cuales hay que articular el necesario diálogo, primero en el seno de Cataluña y después entre catalanes y españoles".

En su propuesta, que trasladará a los demás partidos y que presentará próximamente en Madrid, pues es "aplicable y asumible por el conjunto de España", Units plantea un "Pacto de Estado" para afrontar la "profunda fractura entre Cataluña y España".

En primer lugar, propone el "reconocimiento de Cataluña como nación dentro de España", así como de sus "singularidades propias y especificidades inherentes al concepto constitucional de nacionalidad, como lengua, derecho civil, cultura e instituciones".

Algo que, según Espadaler, no necesitaría de una reforma constitucional, sino que podría hacerse a través de leyes orgánicas, ha señalado el exconseller.

En segundo lugar, la formación incide en la necesidad de un "desarrollo objetivo y efectivo de un autogobierno estable y de calidad", que no dependa de los "vaivenes aritméticos" en Congreso y Parlament, y en el que se delimiten objetivamente las competencias, se cumplan las sentencias del TC, se resuelvan los actuales conflictos competenciales y se redacte un nuevo Estatuto catalán.

Como tercer eje, Units defiende un nuevo modelo de financiación autonómica basada en los criterios del "federalismo fiscal cooperativo", para dejar atrás las actuales "deficiencias" y "permita a las comunidades asumir la recaudación derivada de su tramo autonómico".

Así, ese nuevo modelo reconocería la capacidad de determinadas comunidades autónomas a diseñar su propio sistema fiscal a través de un marco común, a través de criterios como el de aportar en concepto de solidaridad un porcentaje mínimo del PIB, pero también el criterio de ordinalidad o una Agencia Tributaria Consorciada.

El cuarto pilar propone "adaptar el Código Penal" para "delimitar de forma precisa el tipo de rebelión y sedición", sin, en ningún caso, "interferir en la labor judicial", pero sí para una "modernización imprescindible", mediante una reforma que se aplicaría con carácter retroactivo en casos ya juzgados únicamente si fuera beneficioso para estos, pero nunca si se endureciera el tipo penal.

Espadaler y los dirigentes de Units han insistido en que se busca ofrecer en un futuro instrumentos a los jueces para, a través de una definición más precisa, que éstos no se vean "obligados a suplir lo que el legislador no ha dado o qué se entiende o no por violencia".

Pero, como "contrapartida" a la reforma, Units exige "gestos" como "el reconocimiento público y judicial de los actos antijurídicos que se hayan podido cometer" por el independentismo; el "reconocimiento público de la inacción del Gbierno de España"; y la elección de un Govern integrado por personas "sin causas judiciales" y un "retorno escrupuloso al Estado de Derecho".

Y en quinto y último lugar, la propuesta de Units plantea la consolidación de un modelo federal de carácter asimétrico que incluya la reforma del Senado.