El Gobierno de Sánchez se lanza a controlar RTVE. No tiene más que 84 diputados, pero quiere una Televisión pública a su servicio cuantos antes. Este es un Gobierno para ganar las elecciones de 2020. Sánchez hace exactamente lo mismo que hizo el PP en 2012 para controlar la televisión y la radio pública, lo mismo que durante los seis últimos años ha estado criticando a los populares.

El Gobierno socialista no tiene apoyos para reformar la financiación autonómica, para emprender reformas sociales, pero se ha buscado un rápido apoyo para convalidar en la Cámara el decreto que aprobó ayer.

En 2012, con Mariano Rajoy en el Gobierno se modificó la regulación de la Televisión Pública de modo y manera que los nombramientos del Consejo de Administración los hacía el Congreso pero no era necesario una mayoría de dos tercios, bastaba una mayoría absoluta. El PSOE, cuando estaba en la oposición, emprendió una auténtica cruzada para cambiar esta regulación.

Y el año pasado, en septiembre, el PSOE, Ciudadanos y Podemos sacaban adelante una ley para que el Consejo de Administración de TVE fuera aprobado por un comité de expertos que elegiría a los consejeros a través de un concurso público. El reglamento de la ley de septiembre de 2017 se ha discutido durante meses porque en los detalles de un reglamento se esconde la verdadera capacidad de decisión. El PP lo estuvo bloqueando hasta el final pero la semana pasada se llegó a un acuerdo sobre el número de expertos y el modo de elegir a esos expertos que evaluaran a los candidatos del concurso público. El comité de expertos que es de 13 reflejará las mayorías, PP y Ciudadanos los controlaría. Y por eso, cuando ha llegado el momento decisivo Sánchez se ha olvidado de su reforma, de los expertos y argumentado que como ayer cesaba el actual presidente, era necesario elegir un nuevo. Decretazo que será convalidado con el apoyo de los nacionalistas y de los independentistas, como hizo el PP en 2012 bastará una mayoría absoluta, la mayoría frankenstein, para RTVE quede en manos de Sánchez y de sus socios.

El Gobierno que ha dispuesto todo para hacerse con el control de RTVE no se mostró ayer especialmente contundente con Torra. Al final Torra, que tanto había amenazado con hacerle un vacío al Rey en la apertura de los Juegos Mediterráneos allí estaba, en una inauguración en la que sonó el himno nacional.

Torra estuvo en la inauguración, aplaudió y le entregó al Rey un libro sobre la violencia policial. Horas antes de asistir a la inauguración, Torra se ponía estupendo y anunciara su ruptura con el Rey.

El presidente de la Generalitat ha corregido después de haber supeditado su asistencia a que Felipe VI se arrepintiera por su defensa del Estado de Derecho tras el falso referéndum del pasado uno de octubre.

Este anuncio de Torra suena a pataleta. Revela el fracaso de la operación de implicar al Jefe del Estado. Torra, empujado por Puigdemont, ha buscado mantener la impresión de excepcionalidad, de una Cataluña injustamente tratada, con la carta a Felipe VI del pasado miércoles. Sabían los dos que los atributos constitucionales del Rey le impiden entrar en cualquier operación de diálogo. El único objetivo era el de siempre: mantener la sensación de agravio.

Cuanto más diálogo ofrece el Gobierno de Sánchez más altisonantes y rupturistas son las declaraciones de Torra. El presidente de la Generalitat sigue hablando en nombre de una república que no existe y de una declaración de independencia que no se produjo. El independentismo está en un impass, sabe que después del 155 no se puede saltar la ley. Y en este impás arremete contra la corona con declaraciones altisonantes.

Hay que distinguir las declaraciones altisonantes de los hechos. Torra al final ha asistido a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo, y el presidente de la Generalitat, a pesar de sus declaraciones radicales, de momento, se mantiene dentro de los cauces legales. El desafío secesionista requiere defensa de la Constitución, pero también tiempo, paciencia y distinguir entre dialéctica y realidad. Dentro de la Constitución el diálogo puede servir para poner de manifiesto que hay debajo de las aparentes razones que dan sustento a la ruptura.

Los 5 miembros de la Manada están en libertad. Han pagado los 6.000 euros de fianza y han salido a calle. Están condenados a 9 años de cárcel por abuso que no por violación, han cumplido dos años de prisión provisional, la sentencia no es firme y la Audiencia de Navarra ha atendido el recurso de sus defensas. En las últimas horas se han sucedido las manifestaciones en contra y las críticas de partidos y de Gobierno

Los jueces piden respeto a la decisión de sus compañeros y dicen que están bien formados. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, habló el jueves de la necesidad de que haya reformas mentales en los jueces.

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¿Por qué puede salir la manada da la cárcel si sus miembros están condenados a 9 años y solo han cumplido 2? Porque la sentencia no es firme, falta el recurso al Tribunal Superior de Justicia, y luego al Supremo. La ley de Enjuiciamiento Criminal establece que si no hay riesgo de fuga, si no hay riesgo de reiteración delictiva y si no puede actuar contra los bienes jurídicos de la victima, es posible la libertad. A los dos años de prisión preventiva se puede volver a prorrogar. En este caso se ha tardado mucho tiempo en dictar sentencia y uno de los tres jueces, la juez Raquel Fernandino, ha cambiado de criterio. Ha habido dos jueces partidarios de la libertad provisional, y aquí es donde viene el escándalo. El auto que conocimos ayer asegura que la notoriedad de los condenados hace impensable que vuelvan a delinquir. Y que el riesgo de fuga no existe porque no tienen dinero para escaparse. La resolución tiene en contra el voto discrepante del presidente de la sala, Francisco Cobo que asegura que es indiscutible la gravedad del delito. ¿Son los dos jueces que han decido la puesta en libertad insensibles a la alarma social provocada por este caso? ¿Son insensibles ante una condena de abuso sexual en grupo que en lenguaje de la calle es una violación? ¿Debe tenerse en cuenta esa alarma social? ¿Es impensable que vuelvan a delinquir? Preguntas muy serias para responderlas a la ligera. Seguro que ustedes tienen una opinión ya formada. El Gobierno y los candidatos del PP han pedido una reforma del Código Penal, cuando esto no va de Código Penal sino de medidas cautelares. También en esto se ha vuelto a precipitar otra vez la portavoz del Gobierno Isabel Celaá, que aseguró que explicado que el Ejecutivo está estudiando "cómo hacer" que los Servicios Jurídicos se personen como parte en defensa de las víctimas de delitos sexuales. Al menos en este caso. En este caso y en los que vendrán. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, corregía poco después a Celaá y aseguraba que el podrá personarse en defensa de la víctima de La Manada.