Cinco testigos citados por el juez del 1-O, entre ellos el que fue coordinador del Pacte Nacional pel Referéndum (PNR), Joan Ignasi Elena, han afirmado hoy desconocer quién pagó los dominios utilizados para el referéndum, según fuentes judiciales.

El excoordinador del PNR, también exdiputado del PSC, ha declarado hoy en calidad de testigo junto con el Director General de Atención Ciudadana, Jordi Graells, dos técnicos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y el Centro de Seguridad de la Información de Catalunya (CESICAT), y una funcionaria del Departamento de Presidencia de la Generalitat.

En su comparecencia ante el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que indaga la presunta malversación en la preparación del referéndum, todos han ratificado lo que declararon en un interrogatorio de la Guardia Civil el pasado mes de julio, según las fuentes.

Entonces, Elena afirmó desconocer quién había pagado la adquisición del dominio de página web del Pacte Nacional pel Referéndum, una iniciativa que recogía adhesiones para la celebración de un referéndum pactado, y de la cual el exdiputado fue portavoz.

En declaraciones a los periodistas a la salida del juzgado, Elena ha mantenido que "le corresponde a la política solucionar las cosas, y no tanto a los tribunales", y ha llamado al "diálogo y la relación política".

En esta ocasión, según las fuentes, también ha sido preguntado por el origen de los fondos con los que contaba la iniciativa del Pacte Nacional pel Referéndum, a lo que él ha asegurado que se financió en su totalidad mediante contribuciones de ciudadanos.

Concretamente, el juez ha inquirido a los testigos sobre el proceso de adquisición de los dominios pactepelreferendum.cat, referendumcatalunya.cat y catalanreferendum.eu, así como su traspaso de titularidad a Òmnium Cultural.

Uno de los citados, Graells, ha explicado que fue la persona encargada de la autorización de uso de los dominios, pero ha afirmado desconocer datos sobre su adquisición o traspaso, así como quién autorizó estas operaciones.

Graells trabajó a las órdenes del exsecretario de Difusión, Antoni Molons, que fue detenido por la Guardia Civil el pasado marzo durante unos registros efectuados en su despacho y domicilio por orden del juez del 1-O, día en que también se registró la sede de Òmnium.

Con estos interrogatorios, el juez pretende aclarar el papel de la Generalitat en el pago de estos dominios, lo que podría constituir, entre otros, los delitos de malversación y desobediencia.