El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ha dejado hoy en libertad a Neus Lloveras, expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), que ha negado que quisiera presionar "por las buenas o por las malas" al Ayuntamiento de Barcelona para que cediera sus colegios para el 1-O.

Fuentes jurídicas han informado de que Lloveras ha quedado en libertad dado que ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado ni la acusación popular de VOX han solicitado la adopción de medidas cautelares contra ella.

Lloveras, que ha declarado en calidad de investigada al ser considerada integrante del comité estratégico del "procés", ha respondido a todas las partes en su interrogatorio ante el juez Llarena que ha durado una hora y media.

Según fuentes jurídicas, Lloveras ha defendido ante el magistrado que el derecho de los ciudadanos de Cataluña a votar está amparado en tratados internacionales que reconocen el derecho a decidir, aunque no ha precisado ninguno.

Lloveras también ha sido preguntada por las alusiones que aparecen sobre ella en el último informe de la Guardia Civil en una conversación con Josep María Jové, segundo del exvicepresidente Oriol Junqueras y clave en la elaboración de Enfocats, considerada la hoja de ruta del "procés".

Dicha conversación se produjo el día después de que se enviaran cartas a los ayuntamientos de Cataluña para que cedieran colegios para el referéndum ilegal del 1-O y en ella Lloveras habla de que el Ayuntamiento de Barcelona aún no se había definido al respecto.

Entonces, ella le manifiesta a Jové que está a su disposición por si tiene que ejercer algún tipo de presión pero que todavía no había hecho nada "porque no sabía si hacerlo por las buenas o por las malas".

Pero en su comparecencia, Lloveras se ha desmarcado de este asunto al asegurar que esa conversación debe de estar mal transcrita y sacada de contexto porque probablemente ella no ha dicho eso.

En una breve declaración a los medios al salir del tribunal, la expresidenta de AMI ha manifestado que ha explicado al juez la labor de la asociación y de los ayuntamientos, los cuales actuaron con "total transparencia" porque "no tenían nada que ocultar" dado que "sus actividades eran absolutamente legales".