El juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un procedimiento específico con el que durante una década se repartieron 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles ha entrado hoy en una nueva fase con el inicio de la comparecencia de los casi 150 testigos previstos.

El primero de ellos ha sido el responsable de la unidad de delincuencia económica de la UCO  de la Guardia Civil al frente de la investigación desarrollada desde 2011, quien ha señalado que fue "muy difícil" realizar dicha investigación porque "faltaba mucha documentación" relativa a la concesión de las ayudas de los ERE.

 Y es que, según ha declarado el agente, durante dicha investigación la Guardia Civil constató que no existían "solicitudes" de las ayudas ni "ninguna motivación", "no había requisitos" para acceder a las mismas, "no hay norma reguladora por parte de la administración" y no constaba fiscalización de las ayudas.

 "Este procedimiento no solamente omitía la fiscalización previa sino el control posterior de las ayudas", ha sostenido, ya que no se crearon las comisiones de seguimiento previstas en el convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y la agencia pública IFA/IDEA a partir del cual se utilizó a dicha agencia como "caja pagadora" de las ayudas con fondos que Empleo le hacía llegar mediante transferencias de financiación