El exdirector de la agencia pública IDEA Jacinto Cañete ha incidido hoy en que este ente instrumental de la Junta se limitaba a pagar las ayudas para ERE que concedía la Consejería de Empleo con fondos que esta le transfería y que "no tenía otra opción" que ejecutar sus órdenes de pago.

Cañete, que dirigió la agencia IDEA entre mayo de 2008 y diciembre de 2009, se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta, por crear o mantener un "procedimiento específico" usado de 2001 a 2011 para repartir 850 millones en ayudas sociolaborales de forma presuntamente arbitraria y evitando el control administrativo, según el juez instructor.

Su declaración ha reiterado los argumentos de su antecesor en el cargo Miguel Ángel Serrano (también acusado): Que IDEA era sólo el instrumento para pagar ayudas que daba la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y que se abonaban con fondos que transfería Empleo a IDEA y que venían recogidos en los Presupuestos anuales de la Junta.

"Nunca me manifestaron la más mínima duda de ilegalidad en asumir esos pagos", ha señalado, tras subrayar que todas las órdenes de pago materializadas en su etapa venían firmadas por el director general de Trabajo (entonces Juan Márquez), lo que para él ya era "plenamente válido", y además por el viceconsejero de Empleo (Agustín Barberá), cuya rúbrica "a mí me daba todavía más confort".

El fiscal Anticorrupción, Manuel Fernández, ha comparado las ayudas a empresas en crisis que la Consejería de Innovación, de la que dependía IDEA, creó en 2008 -mediante una orden que las regulaba- con la gestión de las ayudas de Empleo y le ha preguntado a Cañete por qué las de Empleo no seguían un procedimiento reglado, si bien Cañete ha negado la mayor.

"Yo no asumo que no hubiera norma en la Dirección General de Trabajo", ha asegurado Cañete, para defender que este departamento "gestionaría" sus ayudas sociolaborales "con un marco apropiado".

Gran parte del interrogatorio del fiscal se ha centrado en el desfase que provocaba en las cuentas de IDEA que la Dirección General de Trabajo asumiera compromisos de pago de ayudas superiores al dinero transferido a IDEA.

Como otros responsables de la agencia pública, que señalaron que no afectaba a sus cuentas porque IDEA no pagaba hasta que no recibía el dinero, Cañete ha explicado que al preguntar por ello le dijeron "que no había ninguna afectación patrimonial" para la entidad.

El Ministerio Público también le ha preguntado reiteradamente por los informes de control financiero de IDEA en los que la Intervención alertaba de la "inadecuación" de que Empleo usara transferencias de financiación como instrumento para enviar a IDEA el dinero para pagar las ayudas.

Cañete ha reconocido que "mentiría si le dijese que me leía en profundidad" esos informes pero sí pidió al director de Finanzas un resumen y le dijo que indicaban "en términos generales que la agencia cumplía con la normativa vigente", con esa apreciación sobre la "inadecuación" de las transferencias de financiación cuyo uso "no era competencia de IDEA sino de Empleo por lo que más que comunicarlo no podíamos hacer otra cosa".