El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha defendido hoy que el "procedimiento adecuado o inadecuado" que usó la Junta para repartir las ayudas de los ERE "no tiene nada que ver con actuaciones particulares o externas" que pudieron causar un presunto fraude que "ni sabía ni podía imaginar".

Fernández ha insistido en que el sistema usado, por cuya creación o mantenimiento es juzgado por prevaricación y malversación junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta, era conocido "por todo el mundo", y en concreto ha apuntado a la Cámara de Cuentas que "en diez años no encontró ninguna ilegalidad" y a "todos los parlamentarios" ante los que cada año él mismo explicaba el programa de ayudas "con extensión" al exponer los presupuestos anuales.

El exconsejero, que se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación, y lleva siete días declarando en el juicio, ha asegurado que las cuentas anuales de la Junta que la Cámara de Cuentas fiscalizaba recogían "con claridad" que las ayudas eran dadas por la Dirección General de Trabajo y pagadas por la agencia pública IFA (luego IDEA) con fondos que le mandaba Empleo mediante transferencias de financiación.

La Fiscalía y acusaciones populares sostienen que se usaba esa vía de pago para evitar la fiscalización previa pero Fernández ha defendido que eso no quiere decir que no tuvieran fiscalización, en este caso, mediante el control permanente de las cuentas de IDEA cuya Intervención delegada nunca consideró "nulo" el procedimiento "sino que lo valida y asume" pagos comprometidos.

Igualmente, el exconsejero ha señalado que el propio Parlamento "quería reforzar y así se aprobó la partida de transferencias de financiación a IFA para cubrir el programa" de ayudas.