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La cronología del caso Nóos: desde la creación del instituto hasta la sentencia del Supremo

Iñaki Urdangarin durante el juicio

El ex duque de Palma y marido de la infanta Cristina, Iñaki UrdangarínEFE

Marcelino Abad
@AbadMarce92

Redactor de cope.es

Tiempo de lectura: 5'Actualizado 12 jun 2018

Casi 20 años después de que naciera el germen del Instituto Nóos, el Tribunal Supremo ha dictado este martes una condena firme para Iñaki Urdangarín. El marido de la infanta Doña Cristina ha sido sentenciado a 5 años y 10 meses de prisión, 5 meses menos que la pena que le impuso la Audiencia Provincial de Palma.

1999: EL GERMEN DEL INSTITUTO NÓOS

A pesar de que el Instituto Nóos no comenzó a tener actividad hasta 2004, fue en 1999 cuando nació en Barcelona su germen de la mano de Diego Torres, exprofesor de la escuela de negocios Esade y mentor de Iñaki Urdangarin. Entonces denominado Asociación Instituto de Investigación Aplicada, se definía como una entidad sin ánimo de lucro que tenía por objeto “realizar investigaciones sobre el papel de la inteligencia de mercado en la competitividad de las empresas".

2003 - 2006: LAS ACTIVIDADES DE URDANGARIN AL FRENTE DE NÓOS

Fue en septiembre de 2003 cuando la Asociación se refundó con el nombre de Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada, el mismo que la consultoría creada dos años antes por Iñaki Urdangarín, denominada Nóos Consultoría, pero sin actividad hasta 2003.

Al Instituo Nóos se incorporó Iñaki Urdangarin como presidente, al tiempo que Diego Torres ocupó la vicepresidencia. En su organigrama figuraban otros nombres, como el de Ana María Tejeiro Losada, mujer de Torres, o el de la infanta Cristina, vocal de la entidad. También el de Luis Carlos García Revenga, secretario personal de las infantas y tesorero.

A pesar de que el Instituto Nóos se presentaba como una entidad sin ánimo de lucro cuya misión era “realizar investigaciones sobre los procesos de formulación e implementación de las estrategias de patrocinio, mecenazgo y responsabilidad", entre 2003 y 2006 celebró contratos millonarios con empresas privadas y administraciones públicas ligadas al Gobierno de Baleares, de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid.

Entre otros, organizó en noviembre de 2004 el "Valencia Summit", en octubre de 2005 el segundo "Valencia Summit”, en noviembre de 2005 el "Illes Balears Forum", en 2006 el tercer "Valencia Summit" y en noviembre de 2006 el segundo "Illes Balears Forum". Los eventos, de entre dos y tres días de duración sobre turismo y deporte, se presupuestaron en casi 5 millones y medio de euros.

ILLES BALEARS FORUM: EL INICIO DE LAS SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

El 16 de febrero de 2006, el grupo parlamentario socialista exigió al Gobierno balear de Jaume Matas que aclarase el destino de 1,2 millones de euros abonados al Instituto Nóos por organizar el "Illes Balears Forum” de 2005.

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Por entonces, las sospechas de corrupción comenzaban a planear sobre la entidad, y en marzo de 2006 Urdangarin abandonó junto a la infanta y a su secretario personal, Luis Carlos García Revenga, el Instituto Nóos.

2010: COMIENZA LA INSTRUCCIÓN JUDICIAL

El 22 de julio de 2010, en el marco del caso Palma Arena, un entramado de corrupción ligado al sobrecoste en más de 50 millones de euros del pabellón deportivo de Palma de Mallorca, el juez José Castro abrió una pieza separada sobre el caso Nóos.

El 11 de julio de 2011 Castro llamó a declarar como investigado a Diego Torres, y cuatro meses después la Policía y el fiscal Pedro Horrach registraron la sede del instituto en Barcelona. El 29 de diciembre el instructor imputó a Iñaki Urdangarin, que 17 días antes había sido apartado de las actividades oficiales de la Casa Real.

La investigación detectó que más de la mitad del dinero facturado por Nóos iba a empresas con ánimo de lucro del propio Urdangarin y de Diego Torres. Entre estas se encontraba Aizoon, titularidad al 50% del duque de Palma y de la infanta Cristina. 

En su tradicional discurso de Nochebuena de 2011, el Rey Don Juan Carlos hizo una referencia velada al caso Nóos, señalando que cualquier actuación censurable de personas con responsabilidades públicas debía ser "juzgada y sancionada" porque "la justicia es igual para todos".

Durante sus declaraciones ante el juez durante los días 25 y 26 de febrero de 2012, Urdangarin se desvinculó de la gestión del instituto y exculpó a la Infanta Cristina de cualquier cargo.

2013: LA PRIMERA IMPUTACIÓN DE LA INFANTA CRISTINA

Tres meses después de que la Casa Real retirase de su página web las referencias a Urdangarin, el juez Castro por primera vez llamó a declarar en calidad de imputada a la infanta Cristina. Fue el 3 de abril de 2013 y el instructor adoptó la decisión sin consultarlo previamente con la Fiscalía.

Comenzaron aquí los desencuentros públicos entre Castro y el fiscal Horrach, que lo responsabilizó de estar al servicio de una “conspiración” mediática contra la hermana del Rey. La acusación pública recurrió 48 horas después la imputación. Al mes, la Audiencia de Palma la dejó sin efecto, aunque el 7 de enero de 2014 el juez Castro la volvió a imputar.

El 8 febrero de 2014, ante el instructor, la infanta Cristina se desentendió de la gestión de Aizoon y dijo que de las actividades se ocupaba su marido, en quien confiaba plenamente.

El 22 de diciembre de 2014, el juez Castro dictó el auto de apertura de juicio oral contra 17 acusados, incluida la propia infanta. El 20 de mayo, el sumario del caso Nóos llegó a la Audiencia de Palma de Mallorca en camión con 100 tomos, 33 anexos y más de 76.000 folios.

ENERO DE 2016: ARRANCA EL JUICIO

El juicio por el Caso Nóos arrancó el 11 de enero de 2016 y se extendió durante cinco meses. La Audiencia Provincial de Palma rechazó aplicarle a la infanta la conocida como “Doctrina Botín”, que impide juzgar a alguien por un delito fiscal si solo lo pide la acusación popular y no la Fiscalía o la acusación particular. En consecuencia, la hermana del Rey fue enjuiciada pese a la oposición del Ministerio Público, de la Abogacía del Estado y de su defensa.

El tribunal escuchó a los 18 acusados, entre ellos a Iñaki Urdangarín, que desvinculó a su mujer y a la Casa Real de sus actividades, y a la infanta Cristina, que el 3 de marzo cerró los interrogatorios defendiendo su inocencia ante las preguntas de su abogado.

FEBRERO DE 2017: SE PUBLICA LA SENTENCIA POR EL CASO NÓOS

Durante casi 9 meses, el tribunal presidido por Samantha Romero trabajó en el redacción de la sentencia, que se dictó el 17 de febrero de 2017. Con penas mucho más bajas de las solicitadas por la Fiscalía, el tribunal condenó a siete de los acusados, aunque solo a tres de ellos a prisión: Iñaki Urdangarin a 6 años y 3 meses, Diego Torres a 8 años y 6 meses y el exministro del PP Jaume Matas a 3 años y 8 meses.

La sentencia absolvió a la infanta Cristina al considerar que el hecho de ser socio de una sociedad no es suficiente para ser responsable de los delitos en que incurra otro de ellos, menos si no es administrador. El sindicato Manos Limpias la consideraba cooperadora necesaria de los delitos fiscales de los que acusó a su marido y pedía más de 8 años de cárcel para ella. Finalmente, el tribunal le impuso una multa de 265.000 euros como partícipe a título lucrativo, o lo que es lo mismo, por haberse beneficiado económicamente de las resultas de los delitos cometidos por Iñaki Urdangarin aunque no fuera de forma consciente.

MARZO DE 2018: EL SUPREMO ESTUDIA LOS RECURSOS

Antes de expirar los 20 días para que la sentencia ganara firmeza, en abril de 2017, tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado y los principales condenados -Iñaki Urdangarin, Diego Torres y Jaume Matas- recurrieron el fallo del caso Nóos ante el Tribunal Supremo.

JUNIO DE 2018: CONDENA FIRME

 El Supremo ha rebajado, de 6 años y 3 meses a 5 años y 10 meses, la pena que la Audiencia Provincial de Palma impuso a Iñaki Urdangarin por el caso Nóos, y le ha impuesto una condena por malversación, prevaricación, fraude a la Admnistración, dos delitos fiscales y tráfico influencias, por lo que no evitará entrar en la cárcel.

La rebaja de la pena acordada por el Supremo deriva de que absuelve a Urdangarin del delito de falsedad en documento público cometido por funcionario, al entender que no ha quedado probada su intervención.

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