El Congreso tramitará una reforma de la Ley General Penitenciaria, la primera aprobada por consenso en la democracia, para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, como ha propuesto el PP, aunque el PSOE quiere aprovechar ese debate para introducir otras modificaciones.

A falta de la votación, que tendrá lugar al finalizar el Pleno de la Cámara, algunos grupos como el PSOE y el PNV han anunciado su voto favorable a la proposición de ley presentada por los populares para esa reforma que, según el diputado del PP José Alberto Martín-Toledano, es una reivindicación histórica de los funcionarios.

En concreto, el PP aboga por una reforma puntual de la ley, en concreto de su artículo 80, para "reconocer a todos los efectos" como agentes de la autoridad a esos funcionarios, como lo son los policías nacionales o los guardias civiles.

Se trata, según la explicación de Martín-Toledano, de que, además, cuando tengan que ser requeridos en un juicio, por ejemplo se les identifique por su número de carné profesional "y no por su nombre y apellido".

Asimismo, que se otorgue presunción de veracidad a sus informes y que las agresiones que sufran sean consideradas como un delito contra la autoridad, ha dicho el diputado del PP, quien ha opinado que la tarea de esos funcionarios no es suficientemente valorada por los ciudadanos y quien ha criticado a los que les atacan e injurian.

Y ha aprovechado para mostrar su preocupación por la posible cesión al País Vasco de las competencias en Prisiones. Algo que "parece que se quiere poner sobre la mesa", como también "el acercamiento de los presos", tanto los de ETA como los del procés "sin que hayan renunciado a la rebelión".

Martín-Toledano ha exigido que se les aclare los acuerdos "ocultos" a los que en esta materia haya podido llegar Pedro Sánchez para obtener la presidencia del Gobierno-

Desde el PSOE, David Serrada, que ha anunciado el voto a favor de su grupo, no ha ahorrado críticas a los proponentes que presentaron la propuesta, según ha recordado, justo cuando los funcionarios de concentraban en demanda de mejoras laborales.

Para Serrada, la iniciativa del PP no es más que un "parche" para "lavar la mala cara" que ha tenido el Gobierno de Mariano Rajoy con los funcionarios.

De todos modos, los socialistas apoyan la toma en consideración de la proposición porque la ley es "mejorable" y este partido puede aportar propuestas importantes.

Eduardo Santos, de Unidos Podemos, ha recordado que los funcionarios de prisiones ya están considerados agentes de la autoridad, que están protegidos y que la iniciativa es "demagogia" que no soluciona, a su juicio, los problemas de las cárceles.

Para Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, es "inexplicable" que desde 1979 no se haya acometido ninguna reforma de la ley y ha explicado al PP la "realidad" del colectivo de los funcionarios, a los que el anterior Ejecutivo tiene "incendiados con razón".

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Así, ha enumerado las demandas del colectivo -presente en la tribuna a través de sus sindicatos-, que no han sido atendidas ni por el PP ni por el PSOE, según Gutiérrez.

Mikel Legarda, del PNV, también ha manifestado que los funcionarios ya tienen su protección, pero ha anunciado su voto a favor, en tanto que Feliu-Joan Guillaumes, del PDeCAT, ha dicho que su intención inicial era apoyarla pero finalmente se abstendría ante la posición del PP sobre los "presos políticos" del procés.

"Con los presos políticos queremos que se cumpla la ley, que dice que la condena debe cumplirse cerca de su casa", ha enfatizado.

Por ERC, Carolina Telechea ha aludido a las "excusas" que se han vertido para negar el acercamiento de estos presos catalanes a cárceles de esa comunidad. Que tengan que estar cerca del juez que lleva la causa es, a juicio de esta diputada, una "excusa".