La Audiencia de Tarragona ha sustituido la pena de tres meses de cárcel por una multa de 1.780 euros a la edil de la CUP en el Ayuntamiento de Tarragona, Laia Estrada, por un delito de atentado a la autoridad que se remonta a 2009.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona ha dado la razón a la edil, que pidió esta medida tras la sentencia firme de diciembre de 2016 por unos hechos anteriores a su entrada en el Ayuntamiento, como activista feminista.

Estrada pidió la aplicación del Código Penal anterior a la reforma de 2015, que prevé esta sustitución de penas, aunque el fiscal se opuso.

La Audiencia, en un auto al que ha tenido acceso el Diari de Tarragona, dicta que el Código Penal a aplicar sería aquel en que se ha producido los hechos, aunque en ejecución se sentencia puede acogerse al más beneficioso.

Los magistrados también han valorado que Estrada no es una delincuente habitual, que la pena es inferior a dos años de cárcel y que no beneficiaría a su reinserción, sino "antes lo contrario, sería un factor perturbador de la misma".

Las alegaciones de Estrada también han prosperado porque la multa impuesta comporta desvinculación de la persona condenada con su entorno social y de trabajo, a diferencia del trabajo en beneficio de la comunidad.

La multa es de 10 euros diarios durante 178 jornadas a pagar en tres plazos mensuales.

Los hechos juzgados, conocidos como el caso Bershka, se remontan al 7 de enero del 2009, el primer día de rebajas, antes de que Estrada fuera concejal y actuara en calidad de activista feminista.

Un grupo de feministas pintó siluetas de yeso en el suelo para denunciar la presión estética, pero la acción acabó con un cruce de denuncias entre las activistas y la Guardia Urbana, con Estrada y dos personas más detenidas y juzgadas.

La sentencia firme absolvió a los tres de falta de lesiones y también absolvió a tres agentes de los delitos de lesiones, detención ilegal, amenazas y de una falta de vejaciones.

El equipo de gobierno de Tarragona (PSC-PP) exigió a Estrada que dimitiera tras la sentencia firme, ya que, según un informe del secretario municipal, es incompatible la pena de prisión con su cargo.