La reducción del número de créditos necesarios para finalizar los estudios de grado y la previsible pérdida de estudiantes tendrán un impacto muy negativo en la financiación de las universidades, el empleo y las condiciones laborales del profesorado y del personal de administración y servicios, dando lugar a una reconversión del sector que no vamos a aceptar. Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las universidades ingresarán 150 millones de euros menos en concepto de matrículas, a los que se sumará el ahorro de las comunidades autónomas, que algunos cifran en 850 millones. Por tanto, se producirá un recorte de 1.000 millones, que se añadirá a los 1.500 que han perdido las universidades entre 2010 y 2014. Asimismo, en los últimos meses de su mandato, el Gobierno se plantea aprobar dos reales decretos que modificarán los requisitos para la creación de centros y universidades y el sistema de acreditación del profesorado universitario funcionario, fundamental para el acceso a la profesión docente e investigadora. En el borrador de RD de creación de centros y universidades que conocemos, se elimina la referencia a la programación general de la enseñanza que debería permitir la planificación de la oferta, se eliminan muchos requisitos mínimos y se rebaja la exigencia de los que quedan. El número de títulos que deben ofertar sigue siendo ocho, pero ya no se exige que al menos uno sea de ciencias experimentales. Se flexibiliza y desregula para facilitar el negocio de acuerdo con la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, con el fin de "crear un entorno mucho más favorable a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad y costes". En la práctica, esto supone flexibilizar las condiciones para la creación de nuevos campus privados, que han proliferado desde 1997 en detrimento de las universidades públicas, pasando de 13 a 33, a pesar de que el Gobierno habla insistentemente de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros. Por último, la propuesta ministerial de Real Decreto por el que se modifica la acreditación del personal docente e investigador (PDI) funcionario establece un sistema menos objetivo, transparente e imparcial que el actual y continúa minusvalorando la actividad docente frente a la investigación. Por otro lado, el nuevo baremo puramente cualitativo no permite la autoevaluación de los candidatos, al impedir medir con exactitud sus méritos, y dificultará todavía más la obtención de la acreditación que permite al profesorado acceder a la universidad. Igualmente, fracasa en el intento de equilibrar calidad y cantidad de méritos. Parece que el objetivo final del Gobierno es endurecer los requisitos para la acreditación, aunque su argumento sea incrementar la calidad de los acreditados