Los casos de abuso y mal uso del poder político que salpican la geografía española son graves y exigen una investigación imparcial, cuidadosa y eficaz. Una buena parte de esos casos afectan a las finanzas de los partidos políticos. Las conductas ilícitas, la falta de transparencia, el clientelismo y el uso de información al servicio de intereses personales son algunos de los males. Sin embargo, pese a la gravedad de los casos, no es verdad que el Estado español o los partidos políticos sean instituciones corruptas.El Estado de Derecho y la existencia de una prensa libre garantizan y hacen posible la fiscalización y control de las instituciones políticas. Y así debe seguir siendo por salud democrática. Por eso hay que exigir a los partidos políticos que sean transparentes y rindan cuentas ante la ciudadanía. Esto es lo que en estos momentos debe hacer el Partido Popular en relación al caso Bárcenas, así como todas las fuerzas políticas en cuyas filas se han detectado casos de corrupción. Es muy grave que la legitimidad de las instituciones se vea comprometida por la falta de escrúpulos de algunos altos cargos que usan la información de la que disponen en beneficio propio. Los partidos políticos y sus dirigentes deben ser ejemplares y más en el caso del Partido Popular. Los diez millones setecientos mil españoles que depositaron su confianza en este partido y la grave coyuntura por la que atraviesa la sociedad española exigen una respuesta inequívoca, contundente y responsable por parte de la dirección del PP.