Según Muñoz es “materialmente imposible” atribuir a un diputado un delito de apropiación indebida porque “ninguno recibe del Congreso dinero en depósito, comisión o administración”, ni  tampoco es atribuible un delito de malversación porque ninguno recibe “ningún caudal, ni dinero”.   El socialista ha explicado que los diputados no negocian sus condiciones económicas, sino que estas ya vienen fijadas por el parlamento”.   En todo caso el diputado socialista ha puntualizado que tiene la obligación de “respetar la decisión del Tribunal Supremo cuando se pronuncie” y eso, ha dicho, es lo que hará.